La Procuraduría General de la Nación suspendió a la representante a la Cámara por el departamento de Atlántico, Aida Merlano, por supuesta compra de votos, que habría superado los $6.000 millones.
En rueda de prensa, el procurador general de la Nación confirmó la primicia de BLU Radio sobre la decisión del Ministerio Público de suspender a Merlano.
La Procuraduría anunció, además, que solicitará al Consejo Nacional Electoral detener el proceso administrativo para el nombramiento de la electa senadora y al Partido Conservador, suspender a la congresista.
El Ministerio Público también pedirá que se aplique la silla vacía pues considera “inaceptable que un partido acuda a más de 73.000 votos viciados de nulidad para sumarlo a su caudal electoral”.
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De otro lado, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, afirmó que el ente acusador compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Merlano, senadora electa el pasado domingo.
Martínez indicó que se realizó un "allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes que utilizaba calcomanías con códigos de barras bidimensionales para hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos".
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Merlano, quien se lanzó por el Partido Conservador, obtuvo 73.250 votos y hace parte del grupo de 15 parlamentarios que ocuparán un escaño desde el próximo 20 de julio en el Congreso del país en representación de esa colectividad.
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Durante el allanamiento, realizado el pasado domingo, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía decomisó nueve computadores, cuatro armas de fuego y más de $268 millones en efectivo.
Asimismo, las autoridades capturaron a cinco personas que trabajaban para la campaña de la parlamentaria, a quienes se les imputarán cargos por el delito de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
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Tras la operación, denominada 'Casa Blanca', la Fiscalía determinó que la campaña de Merlano pagaba $40.000 por cada persona que sufragaba a su favor, además del pago de un subsidio de transporte de $5.000.
"Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto", agregó la Fiscalía en un comunicado.
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