Como "pañitos de agua tibia" catalogó la Mesa Técnica de Energía Eléctrica en Barranquilla y la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, el acuerdo entre la CREG y el Gobierno Nacional para bajar las tarifas de energía eléctrica en la costa norte colombiana.
Dentro de las reacciones que se tejen en torno a los anuncios entregados por laministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el acuerdo "no contempla soluciones contundentes para esta región del país", teniendo en cuenta que en ciudades capitales como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, la variación del Impuesto al Consumidor llega al 44,4%.
Norman Alarcón Rodas , coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, señaló que el acuerdo habla de una rebaja del 4% al 5% en un año, mientras que el DANE ha informado que las tarifas habían aumentado en un 50% para los siete departamentos de la región Caribe.
"No hay solución por ese lado. Se habla de unos pactos transitorios y voluntarios pero, ojo, no se toca el régimen transitorio especial tarifario para la región Caribe, que es la resolución 010 de 2020, que fue la que trajo los aumentos a la costa Caribe a través de la cual se implementó en el cobro por concepto de pérdidas", dijo.
Para Jorge Senior Martínez, Coordinador de la Mesa Técnica de Energía Eléctrica en Barranquilla, "lo que hubo fue un acuerdo entre cachacos", ya que continúan tomando decisiones a espaldas de la comunidad del Caribe, quienes son los verdaderos afectados por el cobro "desmedido" en el servicio de energía eléctrica.
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"Consideramos que es un inicio tímido, ya que no tiene en cuenta a la región Caribe. Nosotros estamos preocupados por la diferencia entre la región y el resto del país. Hay que bajar las tarifas y en eso estamos claros, pero hay una diferencia entre el interior y la costa que se debe a las pérdidas no técnicas que únicamente se cobran aquí", aseguró.
Ante este panorama, comerciantes de Barranquilla, líderes comunitarios y múltiples organizaciones civiles convocaron a una marcha pacífica el próximo 29 de septiembre para exigir soluciones de fondo que representen una "verdadera reducción en el valor de la tarifa".
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