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Autoridades indígenas de la comunidad Awá, que desde hace dos semanas bloquean la vía que de Ricaurte conduce a Tumaco, responsabilizaron al presidente Gustavo Petro de lo que pueda ocurrir si decide desbloquear la carretera por la fuerza.
Niber Moreano, integrante de la guardia indígena Awá, dijo a Blu Radio que tras un acuerdo con las comunidades, se establecieron unos horarios para el paso de vehículos de carga, pasajeros y personas, hasta tanto llegue una comisión del alto Gobierno que tenga poder de decisión a la zona.
El líder indígena aseguró que la toma a la vía se ha hecho de manera pacífica y que cualquier abuso de autoridad contra los comuneros y gobernadores por parte de la fuerza publica será responsabilidad del Estado.
"No es justo que los grupos armados ilegales no están matando y ahora el mismo Gobierno, por el que votamos para un cambio, llegue a atropellarnos, no nos escuche y, por el contrario, nos mande la fuerza pública para que nos atropelle", dijo Moreano.
Otro de los líderes de la comunidad Awá, manifestó su decepción por considerar que después de dos semanas de un bloqueo pacifico ningún funcionario del Gobierno nacional los quiere escuchar y solo dicen que hasta el próximo 17 de julio podría llegar una viceministra para instalar la mesa de diálogo.
"En esta zona convivimos con la muerte a diario y eso parece que al Gobierno del presidente Petro no le importa como si no fuéramos colombianos", dijo una madre de familia, quien aferrada a su bastón de guardia indicó que van a resistir todo el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno nacional les garantice la protección a sus vidas.
Las comunidades indígenas indicaron que después del asesinato del líder del resguardo el Palmar, Jonnis García, el miedo de regresar a sus territorios es latente y pidieron la mediación de organismos internacionales para evitar una masacre en la zona.
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Mientras tanto, conductores y pasajeros esperan las horas del medio día para lograr pasar y seguir su recorrido, tal y como quedó pactado en un acuerdo que se logró con la Gobernación de Nariño, la Defensoría del Pueblo regional Pacífico y el representante del alto comisionado para la paz en esta zona de Nariño.
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