Autoridades indígenas de la comunidad Awá, que desde hace dos semanas bloquean la vía que de Ricaurte conduce a Tumaco, responsabilizaron al presidente Gustavo Petro de lo que pueda ocurrir si decide desbloquear la carretera por la fuerza.
Niber Moreano, integrante de la guardia indígena Awá, dijo a Blu Radio que tras un acuerdo con las comunidades, se establecieron unos horarios para el paso de vehículos de carga, pasajeros y personas, hasta tanto llegue una comisión del alto Gobierno que tenga poder de decisión a la zona.
El líder indígena aseguró que la toma a la vía se ha hecho de manera pacífica y que cualquier abuso de autoridad contra los comuneros y gobernadores por parte de la fuerza publica será responsabilidad del Estado.
"No es justo que los grupos armados ilegales no están matando y ahora el mismo Gobierno, por el que votamos para un cambio, llegue a atropellarnos, no nos escuche y, por el contrario, nos mande la fuerza pública para que nos atropelle", dijo Moreano.
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Otro de los líderes de la comunidad Awá, manifestó su decepción por considerar que después de dos semanas de un bloqueo pacifico ningún funcionario del Gobierno nacional los quiere escuchar y solo dicen que hasta el próximo 17 de julio podría llegar una viceministra para instalar la mesa de diálogo.
"En esta zona convivimos con la muerte a diario y eso parece que al Gobierno del presidente Petro no le importa como si no fuéramos colombianos", dijo una madre de familia, quien aferrada a su bastón de guardia indicó que van a resistir todo el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno nacional les garantice la protección a sus vidas.
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Las comunidades indígenas indicaron que después del asesinato del líder del resguardo el Palmar, Jonnis García, el miedo de regresar a sus territorios es latente y pidieron la mediación de organismos internacionales para evitar una masacre en la zona.
Mientras tanto, conductores y pasajeros esperan las horas del medio día para lograr pasar y seguir su recorrido, tal y como quedó pactado en un acuerdo que se logró con la Gobernación de Nariño, la Defensoría del Pueblo regional Pacífico y el representante del alto comisionado para la paz en esta zona de Nariño.
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