Desconcertadas e indignadas están las familias de los ocho jóvenes masacrados en la zona rural de Samaniego, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenara el traslado de los dos únicos detenidos de la cárcel de San Isidro en Popayán a un centro de armonización del resguardo indígena de la comunidad Awa en el Sande, en la zona rural de Samaniego, en el suroccidente de Nariño.
Gladys Betancourt, madre de uno de los ocho jóvenes que fueron asesinados a las afueras de Samaniego, dijo a Blu Radio que aún no entiende por qué la Corte Suprema de Justicia ordenó el traslado y que hasta el momento nadie les ha dado una respuesta.
"Nos enteramos cuando ya habían salido estas personas, y lo más seguro es que se fuguen", dijo la desconsolada madre, quien insistió en que hay temor de que la muerte de los jóvenes universitarios quede impune.
Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, los dos únicos detenidos y sindicados de participar en la masacre del 15 de agosto del año 2020 deben pasar ahora a un centro de armonización de la comunidad indígena de los Awa en el Sande, parte rural de Samaniego.
Blu Radio conoció que desde el pasado 27 de junio, la defensa interpuso una acción de tutela para que se reconociera la identidad étnica de los dos comuneros, quienes, según testigos, al parecer habrían participado en la masacre.
Las dos únicas personas que permanecían en un centro carcelario responden a los nombres de Fernando Andrés Caicedo Moriano y Yeiron Alexander Pantoja Rodríguez.
Según los familiares de las ocho víctimas, los dos antes mencionados habían sido censados en 2016 y 2020 como integrantes del resguardo indígena del Sande, lo que permitió que el gobernador de esta comunidad indígena argumentara que los dos comuneros debían ser juzgados de acuerdo a sus usos y costumbres, según un padre de familia que pidió el anonimato.
Pantoja y Caicedo permanecían detenidos en la cárcel de San Isidro en Popayán, luego de que un juez dictara medida de aseguramiento tras las pruebas que los vinculan, al parecer, con la muerte de los ocho universitarios.
"No hay justicia, todo parece indicar que el crimen de mi hija quedará impune", dijo otra madre de familia, quien aseguró que los dos detenidos no pueden ser trasladados a esa comunidad indígena, ya que desde el 9 de agosto pasado se encuentran desplazados y están en un coliseo en la zona urbana de Samaniego.
Otro familiar consultado por Blu Radio señaló que eran las únicas personas que podrían decir la verdad, ya que asesinaron a sangre fría a los ocho estudiantes en esa finca a las afueras de Samaniego, pero ahora en libertad, la verdad se perderá y no se sabrá realmente quién ordenó esa masacre.
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