El Tribunal Administrativo de Santander ratificó en fallo, de segunda instancia, que negó la tutela interpuesta por Eduardo Ramírez y otros para tratar de detener la licencia minera para explotar carbón a cielo abierto, en el Carmen de Chucurí, a una empresa multinacional era improcedente, así como lo había señalado el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga en primera instancia.
Lo que se buscaba con esta tutela era que se “amparará el derecho fundamental a la participación en asuntos ambientales y el derecho a gozar de un ambiente sano, en conexidad con el derecho a la participación, el derecho a la salud, a la vida en condiciones dignas”, dice el documento que también solicitaba: “Espacios de deliberación amplios con los líderes de esta comunidad, a fin de que puedan ejercer su derecho a la participación en asuntos ambientales”.
Por su parte, el director de la Corporación autónoma de Santander, CAS, Alexcevith Acosta, explicó que el fallo de primera instancia de estas tutelas (porque en total fueron dos tutelas) se estableció el proceso jurídico y el marco normativo que utilizó la CAS para otorgar la licencia minera, lo que fue ratificado por los tribunales.
“Precisamente antes de que se iniciara el bloqueo en la entrada a la CAS, en San Gil, por una protesta de la comunidad que busca detener la licencia minera entregada para explotar carbón, recibimos el fallo en segunda instancia que ratifica lo que estableció el fallo en primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de Santander, por eso hemos sido consecuentes con el tema y les hemos dicho a las personas que han liderado estas protestas que hacen parte de varios sectores políticos que el Ministerio de Ambiente también pronunció sobre este tema”, explicó Acosta.
De igual forma es importante decir que, además de dos tutelas que fueron interpuestas para tratar de detener la explotación de carbón a cielo abierto en el municipio de El Carmen de Chucurí, también fueron interpuestos procesos de demanda de nulidad del Acto Administrativo que emitió la CAS sobre la licencia minera.
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