La Contraloría General de la Nación, tras realizar un estudio técnico por la construcción del puente ‘torcido’ Hisgaura en Santander, determinó que existen los motivos suficientes para abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra 15 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional, entre esos el director del Invías, Juan Esteban Gil, así como contra las tres empresas que realizaron la obra.
El ente de control fiscal consideró que "hay deficiencias y daños que dan lugar a la necesidad de cambio o reemplazo del tablero del puente Hisgaura, elemento por el que se pagaron $21.064 millones".
Frente a esta investigación de la Contraloría, el Instituto Nacional de Vías (Invías), y su director, Juan Esteban Gil, se defendieron a través de un comunicado.
“En su condición de director del INVÍAS, no participó en el proceso de contratación, ejecución e interventoría del puente Hisgaura”, dice el comunicado.
“La obra fue contratada por el anterior Gobierno a través del Fondo Adaptación y ejecutada por la firma española Sacyr S. A.”, agrega.
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Adicionalmente, señala que el Invías se limitó exclusivamente a recibir la obra.
“Durante su administración, la participación del Invías se limitó única y exclusivamente a recibir la obra de acuerdo con los informes de la interventoría y a las recomendaciones de la mesa de expertos que para tales fines integraron funcionarios de Invías y personal de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, órgano de consulta del Gobierno Nacional en materia de infraestructura. Esta mesa entregó al Fondo Adaptación un informe donde se dejaron los comentarios en torno a la calidad, ejecución y estado del puente”, indica el comunicado.
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Finalmente, el Invías señala que “el director general probará que su participación en el referido proyecto no debe ser objeto de reproche fiscal alguno”.
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