Proyecto sobre periodistas, ¿una retaliación contra directora de Vanguardia Liberal?

El proyecto de ley que le devolvería la tarjeta profesional a los comunicadores sociales- periodistas, que inició el exsenador Mauricio Aguilar, hijo del exgobernador Hugo Aguilar, sería una retaliación contra la directora del periódico Vanguardia Liberal, Diana Saray. El proyecto de ley fue propuesto en el Congreso tres meses después de que Giraldo publicara, a través de su cuenta personal en Twitter, una foto del exgobernador de Santander condenado por parapolítica, Hugo Aguilar, conduciendo un lujoso vehículo Porsche.Le puede interesar ¿Qué implicaciones traería crear el consejo del comunicador social-periodista?“Cuando se presentó el proyecto de ley pensé en que era curioso que preciso estuvieran legislando sobre ese tema, precisamente la casa Aguilar, y precisamente en un tiempo de convulsión en la región (...) pero no tengo ninguna prueba de que ese proyecto sea para sacarme a mí de la cabeza (de Vanguardia)”, dijo Giraldo en Mañanas BLU 10:00AM. En 2017, Saray, también publicó una investigación en la que revelaba las costosas propiedades del coronel Aguilar en uno de los sectores más exclusivos del municipio de Floridablanca, cuando se había declarado en quiebra para hacer un acuerdo de pago mínimo a las víctimas en su proceso de vínculos con paramilitares. Diana Saray Giraldo es abogada, especializada en Periodismo, y no hizo una carrera como comunicadora. Según el proyecto, eso no la haría beneficiaria para ejercer como periodista profesional.Desde 1975 los egresados de Comunicación Social y Periodismo no tienen tarjeta profesional como las demás carreras universitarias. “Si realmente los hermanos Aguilar quieren promover un proyecto para dignificar la labor del periodista, ellos conociendo la región, deberían empezar por tramitar una protección real de las amenazas que reciben los periodistas que se atreven a denunciar en las regiones”, manifestó. La directora de Vanguardia Liberal aseguró que los periodistas regionales que se dedican a denunciar hechos de corrupción política no cuentan con la protección que requieren y por eso son víctimas de amenazas.