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El abogado Germán Eduardo Castro Marín anunció el retiro de la demanda de nulidad que había presentado contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2025, pese a que esta ya había sido admitida por el Consejo de Estado.
La decisión, según explicó, obedece exclusivamente a razones de seguridad, luego de recibir amenazas y mensajes de odio que ponen en riesgo a su familia.
En un comunicado, Castro Marín negó que su actuación tuviera motivaciones políticas o que buscara afectar a los trabajadores. “Quiero ser enfático en que la acción de nulidad radicada no obedeció a intereses políticos ni personales, ni buscó jamás afectar el bienestar de los trabajadores colombianos”, afirmó, al tiempo que explicó que la demanda fue “el resultado de un estudio juicioso, técnico y riguroso de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado”.
Castro sostuvo que su actuación se dio dentro del marco profesional del ejercicio del derecho, orientado a la defensa institucional. “Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”, indicó.
Sin embargo, advirtió que el debate jurídico derivó en una situación personal crítica. “En las últimas horas, he recibido múltiples mensajes de odio y amenazas que desbordan el debate jurídico y ponen en riesgo mi tranquilidad y, lo más importante, la integridad física y emocional de mi familia”, aseguró. Por ello, anunció: “he tomado la difícil decisión de apartarme del proceso y retirar la demanda de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado”.
La demanda había sido admitida y notificada a los ministerios de Hacienda y Trabajo, así como a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que cuentan con 30 días para pronunciarse. El Consejo de Estado también solicitó al Gobierno los documentos previos a la expedición del decreto.
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El proceso coincidió con cuestionamientos de los gremios empresariales, agrupados en el Consejo Gremial Nacional y respaldados por Fenalco, Andi, Acopi, Camacol y Anif, que expresaron preocupación por la falta de criterios técnicos para fijar un incremento del 23,7 % el salario mínimo para el 2026 y advirtieron impactos sobre el empleo y la sostenibilidad empresarial.
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