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Una nueva iniciativa está dando de qué hablar, luego de que se conociera que la DIAN podría empezar a cobrar impuestos a las propiedades horizontales. Por esta razón, se buscaría actualizar la Ley 675 de 2001. La propuesta, liderada por la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez y que será radicada el próximo 20 de julio, incluye cambios que apuntan a frenar la informalidad en conjuntos residenciales y a regular los arriendos a través de plataformas digitales.
Uno de los principales cambios que traería el proyecto es la creación del “registro nacional de administradores de propiedad horizontal”, con el cual se verificaría el perfil profesional, historial y posibles sanciones de quienes ocupan estos cargos.
Según la congresista, esto permitiría identificar a los responsables de la gestión en los conjuntos, elevar la calidad del servicio y fortalecer el control sobre el manejo de recursos y la toma de decisiones en las miles de copropiedades que existen en el país.
Además, una de las medidas clave busca ponerle orden a la administración de los conjuntos mediante un censo nacional, ya que —según Velásquez— el Gobierno sabe cuántas juntas de acción comunal existen en Colombia, pero no cuántos conjuntos están activos ni cómo operan. Esta información sería esencial para diseñar políticas públicas más efectivas en contextos urbanos y comunitarios.
Una de las preocupaciones más recientes de los conjuntos ha sido el posible cobro de IVA por parte de la DIAN por el uso de zonas comunes. Aunque la entidad explicó que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una interpretación de normas ya vigentes, Velásquez propone blindar este tema por vía legal.
En su proyecto, plantea modificar el artículo 476 del Estatuto Tributario para dejar claro que los servicios prestados por conjuntos a sus propios residentes estarán exentos del IVA, siempre que no exista ánimo de lucro ni actividad comercial. Así, se busca evitar cobros injustificados y proteger el bolsillo de los propietarios.
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Otro de los puntos que aborda el proyecto tiene que ver con los arriendos de corta duración a través de plataformas como Airbnb. Muchos apartamentos de uso residencial están siendo alquilados por días o semanas, lo que ha generado vacíos legales, problemas de seguridad y conflictos de convivencia en los conjuntos.
Frente a esto, la propuesta plantea establecer parámetros claros para este tipo de alquileres, de manera que los conjuntos puedan definir responsabilidades, límites y controles sin afectar el derecho a la propiedad privada, pero garantizando el cumplimiento de las normas internas de la copropiedad.
Con estas medidas, la representante espera modernizar la ley que regula la propiedad horizontal, proteger los derechos de los residentes y generar reglas más claras para todos los actores involucrados.
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