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Covimar, el concesionario de la vía 4G Mulaló-Loboguerrero, dice que está dispuesto a lograr un acuerdo con el Gobierno para destrabar el proyecto y se queja de los sobrecostos por las demoras en los trámites en licencias ambientales y consultas previas.
Según el concesionario, hay negociaciones con el Gobierno desde la anterior administración. La ANI es consciente de que el proyecto necesita más recursos, al punto de que en agosto de este año le pidió plata al Ministerio de Hacienda, pero este respondió que no tenía recursos.
"El no inicio de construcción del proyecto Mulaló-Loboguerrero se debe a las dificultades que se tuvieron con el trámite de las consultas previas con las comunidades (Mulaló y Loboguerrero), con la oposición de la comunidad de Pavas, y con el cambio de las normas para el trámite y obtención de la licencia ambiental del Proyecto por parte de la ANLA", dice Covimar en una carta enviada a la Contraloría General de la República.
Covimar asegura que ha cumplido con sus obligaciones y que el contrato está hoy en desequilibrio económico por lo que se requieren acuerdos.
La visión del consorcio contrasta con las declaraciones del Ministro de Hacienda ,Ricardo Bonilla, que acusa a Covimar de tener 1.8 billones de pesos parqueados en una fiducia y que esos recursos podrían ser útiles en otros proyectos.
Según la Contraloría, si se termina anticipadamente el contrato el Estado podría perder unos 700.000 millones de pesos en total.
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