La filtración de un borrador de decreto que sugiere un aumento del 23 % en el salario mínimo ha generado una intensa discusión en el país.
Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, analizó en Mañanas Blu, las profundas implicaciones que esta medida tendría para el tejido empresarial y la estabilidad económica, calificando la propuesta como una posible "inocentada" debido a su magnitud.
El costo real para el empleador y las microempresas
Aunque un incremento significativo representa un alivio para el poder adquisitivo del trabajador, la carga para el empresario es considerable. Según Herrera, un salario mínimo con un aumento del 23% implicaría que el empleador deba asumir no solo el sueldo base y el subsidio de transporte, sino una carga prestacional adicional del 51.6%. Esto incluye aportes a salud (8.5%), pensión (12%), riesgos profesionales, caja de compensación, prima, cesantías y vacaciones.
En términos monetarios, el costo total por empleado ascendería a aproximadamente $2.653.879 pesos. Esta cifra es especialmente preocupante si se considera que el 91.7% de las empresas en Colombia son microempresas.
Para estos pequeños negocios, que a menudo operan con márgenes estrechos, un aumento de esta naturaleza podría forzarlos a despedir personal o a transitar hacia acuerdos de informalidad para poder subsistir. Además, se suma el costo adicional por el pago de horas nocturnas desde las 7:00 p.m., vigente por ley, lo que añade más presión financiera.
La amenaza de la informalidad y la inflación
Uno de los puntos más críticos señalados por el experto es el riesgo de disparar la informalidad, que actualmente se sitúa por encima del 56%. Al encarecerse el empleo formal, se incentiva el crecimiento de un "mercado negro" laboral, alejando a más trabajadores de la seguridad social.
Asimismo, un aumento por decreto que no responda a la productividad genera presión inflacionaria. Herrera advierte que el regocijo inicial de los trabajadores podría verse opacado por un incremento proporcional o superior en el costo de la canasta básica. Además, muchos servicios y multas en Colombia siguen indexados al salario mínimo, lo que encarecería automáticamente el costo de vida.
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