Gobernadores advierten que alza de impuestos dispararía contrabando y golpearía a las regiones

La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores del país manifestaron su rechazo al Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional incrementó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, en el marco de la emergencia económica. Los mandatarios regionales advierten que la medida afecta gravemente la autonomía fiscal de los departamentos y pone en riesgo una de sus principales fuentes de financiación.En una carta enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, los gobernadores señalaron que el decreto tiene un carácter “recentralizador” y va en contravía de los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial. Según el documento, la búsqueda de recursos adicionales para financiar el presupuesto del Estado central no puede realizarse a costa del debilitamiento financiero de las entidades territoriales.Los mandatarios regionales subrayan que los impuestos al consumo de licores y cigarrillos representan una renta fundamental para los departamentos, ya que estos recursos se destinan, en gran medida, a la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte. En ese sentido, alertan que cualquier afectación a estos ingresos podría comprometer la prestación de servicios esenciales en las regiones.Adicionalmente, los gobernadores expresaron su preocupación por el posible aumento del contrabando y la ilegalidad como consecuencia del alza en los impuestos. Advirtieron que este fenómeno no solo reduciría las rentas departamentales, sino que también tendría impactos negativos en la salud pública y en la seguridad del país, al convertirse en una fuente de financiación para estructuras criminales.La FND reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la implementación del decreto y abra un espacio de diálogo con las regiones, con el fin de encontrar alternativas que permitan atender la emergencia económica sin afectar la sostenibilidad fiscal de los departamentos ni los principios del Estado descentralizado.