Dos días después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, ordenara incrementar los aranceles hasta en un 50 por ciento a bienes y productos colombianos, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, solicitó la declaratoria de zona especial de intervención fronteriza para impedir que más de 40 mil empleos directos se pierdan en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.
El mandatario seccional dijo a Blu Radio que la solicitud se sustenta en el artículo 17 de la Ley 2135 de 2021, que autoriza la implementación de medidas extraordinarias cuando factores externos impactan de manera directa derechos fundamentales como el bienestar ciudadano, la estabilidad empresarial, la generación de empleo, la sostenibilidad fiscal y la institucionalidad en las zonas de frontera.
Asegura Escobar que el incremento arancelario impactará directamente a los productos colombianos que ingresen al mercado ecuatoriano y no se descarta que este aumento también pueda trasladarse parcialmente al precio final que paga el consumidor.
Por eso solicitó la adopción urgente de los mecanismos legales que permitan al Estado colombiano declarar la Zona Especial de Intervención Fronteriza, como medida excepcional para atender las afectaciones que hoy enfrenta el territorio.
Escobar dijo que en Ipiales, sur de Colombia, y Tulcán, en el norte de Ecuador, la situación comercial es muy difícil por la falta de compradores de las dos naciones, y señaló que cree en los esfuerzos diplomáticos adelantados por el Gobierno nacional, el Gobierno departamental y los gremios económicos de la región.
“Es necesario complementar la respuesta institucional con instrumentos excepcionales que permitan mitigar el impacto de la actual coyuntura sobre las comunidades y el tejido productivo regional”, asegura Escobar.
El mandatario de los nariñenses insistió en que las medidas solicitadas tienen carácter temporal y extraordinario, y buscan responder inmediatamente a un choque externo que afecta de forma desproporcionada a los territorios fronterizos, sin que ello implique tratamientos preferenciales permanentes.
La Gobernación de Nariño confía en que, en el marco del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y el territorio, se adopten las decisiones necesarias para proteger la estabilidad económica y social de los municipios de frontera y respaldar a las comunidades que hoy enfrentan esta situación.
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