El Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte al Presupuesto General de la Nación mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, con el que se reducen recursos por $16.237.179.904.339. Este ajuste se suma a los $12 billones que ya habían sido aplazados desde el inicio de la vigencia fiscal.
Según el decreto, la decisión busca evitar el incumplimiento de la regla fiscal en un contexto económico adverso, marcado por un menor ingreso de recursos al Estado. El propio documento reconoce que la situación fiscal es deficitaria y que la caja pública no cuenta con los fondos necesarios para cubrir todos los gastos previstos inicialmente.
“El recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”, señaló el Ministerio de Hacienda en el texto oficial. Dos factores explican este desbalance: por un lado, el recaudo tributario a noviembre de 2025 estuvo por debajo de las metas proyectadas; por otro, el Congreso de la República no aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento, con el que el Gobierno esperaba obtener $12 billones adicionales que finalmente no ingresaron.
El recorte afecta de manera directa la inversión social. En el sector educación se oficializó una reducción superior a $1,38 billones en el programa de “Calidad y fomento de la educación superior”, lo que impactará la financiación y los planes de fortalecimiento de las universidades públicas del país.
La Presidencia de la República también deberá ajustar su presupuesto. El decreto ordena una reducción de más de $122.000 millones en sus gastos, que afecta recursos destinados al Fondo Colombia en Paz, programas de derechos humanos y procesos de modernización tecnológica.
Además, entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Tierras verán reducidas sus partidas de inversión, lo que podría retrasar obras de infraestructura y la ejecución de programas de reforma agraria. En el sector salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima también registran disminuciones en sus presupuestos de funcionamiento y compra de bienes.
El decreto ordena a todas las entidades del Estado realizar de manera inmediata los ajustes contables correspondientes y recuerda que el Gobierno nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, puede reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales. Con esta decisión, el ejecutivo cierra un año marcado por la austeridad fiscal y la revisión constante de sus prioridades de gasto.