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El Gobierno nacional expidió un nuevo paquete de decretos en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a varias regiones del país. Las medidas incluyen una adición presupuestal por 8,6 billones de pesos, recursos que estarán destinados a financiar la atención humanitaria, la recuperación de infraestructura y programas de apoyo económico para los hogares damnificados.
De ese total, 6,34 billones de pesos serán administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado frente a la emergencia. El paquete de decretos también contempla nuevos mecanismos tributarios para financiar estas medidas, así como subsidios extraordinarios para familias afectadas por las inundaciones.
Esta nueva declaratoria de emergencia es diferente a la que el Gobierno había expedido previamente por la situación fiscal del país, la cual fue suspendida por la Corte Constitucional. En esta ocasión, el Ejecutivo sustentó las medidas en la crisis provocada por la temporada de lluvias, que ha causado inundaciones, daños en infraestructura y afectaciones a miles de hogares en varios departamentos. El objetivo central de los decretos es obtener recursos adicionales para financiar la atención de la emergencia y la recuperación de las zonas afectadas.
Entre las medidas adoptadas para aumentar los ingresos del Estado se encuentran varios ajustes tributarios. Uno de ellos es mantener el impuesto a los juegos de suerte y azar en línea, con una tarifa del 19 %, superior al 16 % que se había planteado inicialmente. Además, el Gobierno anunció un plan de amnistía tributaria que incluye un impuesto de normalización del 19 % para quienes declaren activos ocultos o bienes omitidos, lo que permitirá también reducir sanciones e intereses por mora en impuestos no pagados.
Otra medida consiste en ampliar el impuesto al patrimonio, que ya aplicaba a empresas colombianas, para que también lo paguen sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras con patrimonios superiores a 10.400 millones de pesos. Según el Gobierno, estas medidas buscan aumentar el recaudo y financiar la ampliación del presupuesto nacional para atender la emergencia.
El decreto presupuestal establece una adición total de 8,68 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2026.
La mayor parte de esos recursos será ejecutada o coordinada por la UNGRD para la recuperación de las zonas afectadas por la temporada invernal.
Entre las principales destinaciones se encuentran:
Los recursos también financiarán rehabilitación agrícola, acceso a crédito, programas de alivio de tierras, reasentamiento de familias y reparación de viviendas, así como más de 1 billón de pesos para infraestructura educativa y más de 626.000 millones para reconstrucción de vías y puentes dañados por las lluvias.
Otro de los decretos expedidos autoriza al Gobierno a entregar transferencias monetarias extraordinarias a los hogares afectados por la emergencia.
El programa será ejecutado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que contará con más de 408.000 millones de pesos para financiar transferencias y programas sociales.
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Según el decreto, las medidas buscan proteger el mínimo vital de las familias afectadas, mediante:
El monto que recibirá cada familia aún no está definido. El Gobierno señaló que Prosperidad Social determinará posteriormente los valores, el número de beneficiarios y los mecanismos de entrega, que podrían incluir transferencias por billeteras electrónicas u otros sistemas de pago.
El paquete de medidas también contempla la creación de un programa de crédito de emergencia para el sector empresarial, enfocado principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por las lluvias. Según el Gobierno, estos créditos tendrán tasas compensadas cercanas a cero y serán canalizados a través de entidades financieras públicas.
Además, se oficializó un acuerdo con el sector bancario para refinanciar deudas existentes de personas y empresas ubicadas en las zonas de emergencia, dentro de la iniciativa denominada “Abrigo”, que busca aliviar la carga financiera de los damnificados.
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Las autoridades señalaron que los decretos forman parte de una estrategia integral para atender la crisis climática, mientras se continúa evaluando el impacto de las inundaciones y la necesidad de nuevas medidas para apoyar a las regiones afectadas.
| Sector / Entidad | Monto adicionado (COP) | Propósito principal de los recursos |
|---|---|---|
| UNGRD (Gestión del Riesgo) | $6.348.950.610.737 | Coordinación de la recuperación temprana, rehabilitación de infraestructura, apoyo agrícola, educación y transporte. |
| Ministerio de Hacienda | $878.587.000.000 | Financiación de proyectos de agua y saneamiento básico a través del Fondo Potencia Mundial de la Vida. |
| Salud y Protección Social | $455.271.769.629 | Recuperación de infraestructura hospitalaria, dotación y atención de enfermedades asociadas a las inundaciones. |
| Prosperidad Social (DPS) | $408.560.135.746 | Transferencias monetarias para programas como Hambre Cero, Inclusión Productiva y Renta Ciudadana. |
| ICBF (Bienestar Familiar) | $280.000.000.000 | Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes afectados y recuperación de capacidades de cuidado. |
| Ministerio de Defensa | $253.994.000.000 | Fortalecimiento de capacidades de búsqueda, rescate y atención de desastres por parte de la Fuerza Pública. |
| Dirección Nacional de Bomberos | $30.800.000.000 | Atención de emergencias hidrometeorológicas, rescate acuático y potabilización de aguas. |
| Defensa Civil Colombiana | $20.000.000.000 | Fortalecimiento de la capacidad operativa de respuesta en el territorio afectado. |
| Policía Nacional | $5.900.000.000 | Apoyo logístico y operativo en las zonas de emergencia. |
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