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La subida de la cuota de administración ha sido uno de los temas que más debate ha generado entre quienes viven en conjuntos residenciales, ante el incremento del salario mínimo en 2026. El principal temor es que este cobro pueda tener un alza del 23 %, en línea con lo planteado por el presidente Gustavo Petro para el Salario Mínimo Vital, una práctica que durante años se ha aplicado de forma casi automática.
Sin embargo, expertos han señalado que este escenario no es inevitable, pues si el incremento está bien sustentado podría ser mucho menor, lo que daría mayor tranquilidad a los residentes de los conjuntos.
De acuerdo con especialistas en propiedad horizontal, la ley no obliga a que la cuota de administración aumente en el mismo porcentaje del salario mínimo. De hecho, el valor debe definirse a partir del presupuesto anual, que refleja los gastos reales del conjunto, los contratos vigentes y las necesidades específicas de operación. Pese a ello, muchas administraciones replican el aumento salarial sin realizar un análisis detallado, lo que termina impactando de forma exagerada el bolsillo de los habitantes.
Según lo ha explicado Daniel Laverde, integrante de Properix, plataforma especializada en la gestión integral de conjuntos residenciales, uno de los errores más comunes es tratar el presupuesto como si todos los gastos se comportaran igual. “El presupuesto no es un bloque uniforme. Cada rubro responde a dinámicas distintas frente a la inflación y los aumentos salariales”, señala.
Los expertos recomiendan dividir los gastos en tres grandes grupos para calcular un ajuste en la cuota de administración más justo, sin afectar de manera directa a los residentes.
Dentro del presupuesto, la vigilancia suele ser el rubro más sensible, debido a su importancia y a las regulaciones que enfrenta el sector. Por ello, los especialistas insisten en construir el presupuesto con base en el gasto real del año anterior, lo que permite justificar cualquier incremento con cifras claras.
De acuerdo con el experto, la transparencia es clave para que las asambleas no enfrenten contratiempos al momento de tomar decisiones y evitar aplicar un porcentaje generalizado en el aumento de la cuota de administración.
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