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Desde el primero de febrero empezó a regir en Colombia la reducción de 500 pesos en el precio de la gasolina, una medida anunciada por el Gobierno que busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos, tras superar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Sin embargo, desde las estaciones de servicio advirtieron que la aplicación no puede ser inmediata en todo el país y que el ajuste se está dando de forma progresiva, dependiendo de la operación de cada establecimiento. La transición no se da de manera inmediata como la normativa lo exige, debido a la forma en que funciona la cadena de distribución de combustibles.
Así lo explicó David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, quien señaló que desde el inicio de la medida muchas estaciones ya comenzaron a reflejar la rebaja en sus tableros de precios, especialmente en las principales ciudades. Incluso, en algunos casos, la disminución supera los 500 pesos, mientras que en otros es menor, debido al régimen de libertad vigilada y a la competencia entre estaciones.
Sin embargo, el gremio aclaró que no todas las estaciones pueden aplicar el descuento de manera simultánea. En Colombia, el combustible se compra bajo la modalidad de “ventas en firme”, lo que significa que cada estación adquiere la gasolina a un precio previamente fijado y debe vender primero ese inventario antes de abastecerse nuevamente a un costo más bajo. Por esta razón, exigir una reducción inmediata podría obligar a vender el combustible a pérdida.
Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas estaciones, en particular en municipios alejados, donde la rotación del inventario es más lenta. Según el gremio, mientras en las capitales ya se observa la reducción, en algunas regiones del país el ajuste puede tardar un poco más, aunque estiman que la transición no debería superar las 48 horas.
Las estaciones insistieron en que la medida no impacta sus márgenes de ganancia, ya que la reducción proviene principalmente de un menor ingreso al productor, componente asociado a la refinación o importación del combustible. Sin embargo, alertaron que desconocer la realidad operativa del sector podría poner en riesgo la sostenibilidad del servicio y la continuidad del abastecimiento.
Finalmente, el gremio reiteró su disposición a cumplir la decisión gubernamental de manera transparente y coordinada, y pidió al Ministerio de Minas y Energía y a las autoridades de control que tengan en cuenta cómo funciona la cadena de distribución. El llamado es a proteger al consumidor, sin poner en jaque a un sector clave para la movilidad y la economía del país.
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