Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Assad Kenay Assad El Hawari Márquez y Snaider José Armas Pérez, investigados por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, dentro del proceso por el asesinato de Juan Pablo Vargas Becerra, conductor de una plataforma digital de transporte, ocurrido en la localidad de Usaquén, sector de El Codito, en Bogotá.
De acuerdo con la investigación, los dos procesados habrían contactado a la víctima a través de una aplicación de transporte en el centro de Bogotá y, tras solicitar un recorrido hacia el norte de la ciudad, presuntamente la intimidaron con un arma de fuego para despojarla de su vehículo.
Los hechos quedaron registrados por una cámara de seguridad que captó el momento en que el conductor fue obligado a descender del automóvil en la parte alta de la localidad de Usaquén. En las imágenes también se escucha a la víctima suplicar para que no le hicieran daño, antes de recibir los disparos que posteriormente le causaron la muerte.
Los elementos materiales probatorios indican que el conductor les pidió que le permitieran descender del automotor y se llevaran el vehículo y sus pertenencias sin atentar contra su vida. Sin embargo, presuntamente fue trasladado a un sector de El Codito, donde recibió múltiples impactos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte cuando se encontraba en estado de indefensión.
Tras el crimen, uniformados de la Policía localizaron el vehículo hurtado, que minutos después sufrió un volcamiento durante una persecución. En el procedimiento fueron capturados los dos señalados, de 20 y 18 años, y las autoridades incautaron una pistola con un proveedor y cinco cartuchos.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el juez indicó que los elementos presentados por la Fiscalía permiten inferir que los procesados actuaron de manera coordinada con una tercera persona cuya identidad aún no ha sido establecida.
Al sustentar la medida privativa de la libertad, el despacho señaló que los investigados “con una tercera persona, que para este momento no se sabe nada de él, optaron por realizar un hurto y, en razón a este hurto, se desarrollaron una serie de actuaciones que derivaron en el fallecimiento del señor Juan Pablo Vargas Becerra”.
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El juez también concluyó que existe un alto riesgo para la comunidad y de no comparecencia al proceso, debido a la gravedad de los hechos, el uso de armas de fuego y la ausencia de arraigo de los procesados en Colombia.
En la decisión precisó que “la conducta atribuida no solamente afectó el bien jurídico de la vida y el patrimonio económico, sino que, por su modalidad concreta de ejecución, revela un riesgo actual y jurídicamente relevante para la comunidad, pues al haber usado presuntamente armas de fuego y realizar amenazas previas y posteriores a la víctima”.
Además, el despacho resaltó que ninguno de los dos capturados suministró información suficiente para establecer un domicilio o lugar de residencia. En el caso de Armas Pérez, señaló que durante el procedimiento presentó una identidad y edad falsas, asegurando inicialmente que tenía 15 años y otro nombre, lo que ocasionó retrasos en las actuaciones judiciales. El juez también destacó que fue necesario reducirlo y esposarlo debido a su comportamiento agresivo durante la captura.
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Con base en estos argumentos, el juzgado concluyó que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario era necesaria mientras avanza el proceso penal por el homicidio de Juan Pablo Vargas Becerra y el hurto de su vehículo.
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