La Corte Suprema impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a el exrepresentante a la Cámara por el departamento de Magdalena Roberto José Herrera Díaz, por las gestiones que habría realizado el aforado ante entidades del Gobierno central, como el Invías, Fonade, Coldeportes o el Ministerio de Vivienda, para obtener fondos con el fin de financiar proyectos de infraestructura en los departamentos de Magdalena y Bolívar.
La Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exrepresentante a la Cámara por el departamento de Magdalena Roberto José Herrera Díaz, por ser investigado como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de servidor público, por lo cual ordenó su captura.
Los hechos por los que continúa la investigación contra el excongresista en la Sala Especial de Instrucción habrían sucedido a partir del primer semestre del 2012 y finalizado en el segundo semestre del 2016.
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Esos contratos se adjudicaron a un único proponente que tenía vínculos con el entonces representante a la Cámara.
Si bien esas mediaciones para obtener recursos por sí solas no constituyen un delito, de acuerdo con la investigación, los contratistas le transfirieron probablemente una parte de los dineros recibidos por esos negocios jurídicos al entonces congresista Herrera Díaz, le pagaron deudas o le compraron bienes, lo que incrementó de forma injustificada su patrimonio.
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La Sala de Instrucción también determinó que se cumplen los requisitos para imponer en su contra una medida de aseguramiento privativa de la libertad, pues se encontró que el excongresista Herrera Díaz representa un peligro para el acopio de medios de prueba y podría entorpecer la administración de justicia.
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