“Absolución del expresidente Uribe restablece la confianza en la justicia”: Jaime Lombana
El abogado Jaime Lombana celebró el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó, en segunda instancia, al expresidente Álvaro Uribe.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El fallo absolutorio del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal fue calificado por su abogado, Jaime Lombana, como una señal de “restablecimiento de la confianza en la justicia colombiana”. La decisión, leída en una extensa audiencia de casi cuatro horas, anuló la sentencia de primera instancia que había impuesto 12 años de prisión domiciliaria al exmandatario.
“Esta segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá restablece la confianza en las garantías y derechos individuales”, afirmó Lombana en diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, destacando que la jueza de primera instancia cometió “profundas equivocaciones jurídicas” al interpretar las figuras penales aplicadas al caso.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la crítica del tribunal a la aplicación del dolo eventual, figura que la primera jueza había usado para sustentar la responsabilidad penal del expresidente Uribe. Según Lombana, esa interpretación desconocía los principios básicos del derecho penal colombiano.
“La jueza aplicó mal la figura del dolo frente a la determinación; no puede haber dolo eventual en un caso como el del doctor Álvaro Uribe”, explicó el abogado. Añadió que la decisión inicial mezcló indebidamente conceptos de autoría y determinación, lo que llevó a una conclusión errónea sobre la participación de Uribe en los hechos investigados.
El abogado profundizó en el tecnicismo jurídico: “La ceguera voluntaria significa hacerse el de la vista gorda, pero no puede haber dolo directo cuando uno se hace el de la vista gorda. Es una contradicción respecto de la voluntad de la persona procesada”. Según Lombana, el tribunal acogió ese razonamiento y evidenció las inconsistencias de la sentencia anterior, la cual —según dijo— estuvo marcada por “falta de motivación y sesgos” en la valoración de los testimonios.
Otro de los aspectos determinantes del fallo fue la ilegalidad de las interceptaciones telefónicas que sirvieron de base para la condena inicial. El Tribunal Superior concluyó que dichas grabaciones fueron obtenidas de manera irregular, sin la debida autorización judicial contra el expresidente.
“Aquí no estamos peleando un tema de mera intimidad, estamos pidiendo hacer valer las garantías individuales de cualquier ciudadano de no ser interceptado ilícitamente”, enfatizó Lombana, en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó que se “privilegiara la intimidad” sobre supuestas confesiones en esas grabaciones.
El abogado recordó que la interceptación fue ordenada en el marco de una investigación contra otra persona y no contra Uribe, pero se prolongó durante tres meses aun cuando era evidente que la voz interceptada correspondía al expresidente. “Duraron tres meses escuchando a Álvaro Uribe, saludado por todos como presidente, y aun así sostienen que era otro ciudadano. Eso es una ilicitud flagrante”, señaló.
Publicidad
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, había sido condenado en primera instancia por presuntamente sobornar testigos y manipular declaraciones de exparamilitares para limpiar su nombre en procesos relacionados con sus presuntos vínculos con grupos armados.
El Tribunal Superior de Bogotá, al revisar el caso, determinó que no existían pruebas suficientes para acreditar esos delitos y que la valoración de los testimonios, en especial del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, estuvo viciada por inconsistencias y contradicciones.
El fallo no solo absolvió a Uribe, sino que también subrayó la importancia del respeto al debido proceso y la legalidad de las pruebas en el marco de un Estado de Derecho.
Publicidad
Tras conocerse la decisión, Uribe agradeció a Dios y a su equipo jurídico desde su residencia en Rionegro. “Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad”, declaró el exmandatario. En contraste, el senador Iván Cepeda, quien presentó la demanda, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, la sentencia ha reavivado el debate político en Colombia. Para algunos sectores, representa una reivindicación de la independencia judicial; para otros, una muestra de impunidad. Sin embargo, Lombana sostuvo que el mensaje de fondo es jurídico, no político: “Cuando el derecho se ejerce con convicción y lealtad por las garantías del representado, se llega a conclusiones que fortalecen la justicia”, afirmó.