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Admiten primeras demandas contra norma que permite contratación sin ley de garantías

Esta norma fue seriamente cuestionada por sectores políticos, los cuales señalan que se está levantando la ley de garantías para fines electorales.

Corte Constitucional - Foto Rama Judicial
Corte Constitucional -
Foto Rama Judicial

La Corte Constitucional admitió un bloque de demandas contra el artículo que elimina la ley de garantías y sus efectos para celebrar contratos en época preelectoral.

Se trata de 21 demandas que fueron admitidas para el estudio de fondo que comenzó en la Corte Constitucional sobre el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 (ley de presupuesto), en la cual se permite a la Nación celebrar convenios interadministrativos con las alcaldías para ejecutar programas y proyectos correspondientes al presupuesto general “con el propósito de promover la reactivación económica”.

Esta norma fue seriamente cuestionada por sectores políticos, los cuales señalan que se está levantando la ley de garantías para fines electorales.

La Corte Constitucional admitió las demandas, entre las cuales se encuentran las de los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, así como la del exministro David Luna y del representante José Daniel López, quien señaló en su cuenta de Twitter que con esta decisión arranca su estudio de fondo por violación del trámite para leyes estatutarias y por falta de unidad de materia.

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La Corte dio plazo de tres días a otra decena de demandantes para que corrijan algunos defectos y con eso se elevaría a 41 las demandas presentadas contra esta norma que fue seriamente criticada y que hoy en día se encuentra pendiente de sus efectos en un fallo del Consejo de Estado.

La Corte Constitucional envió a la procuradora General de la Nación las demandas admitidas con el fin de que el organismo de control se pronuncie en un concepto no vinculante y exprese sus razones por las cuales se debe o no admitir su constitucionalidad.

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En la misma decisión, la Corte Constitucional ordenó que después de corregidas las demandas que fueron presentadas, se permitirá por un espacio de 10 días a los ciudadanos que defiendan o ataquen las razones de las demandas contra esta norma.

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