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El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las acusaciones hechas por el abogado Víctor Mosquera, quien denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una presunta intervención del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe.
“La única labor del Gobierno ha sido garantizar que la investigación avance de manera rigurosa. Las capturas y procedimientos han estado bajo responsabilidad de la Fiscalía y de la Policía, cuyo director es nombrado por el presidente”, aseguró el ministro.
Mosquera, apoderado del congresista del Centro Democrático, elevó su queja ante la CIDH argumentando una vulneración a los derechos de su defendido y pidió el acompañamiento de instancias internacionales para asegurar la independencia del proceso. La denuncia también solicita que el caso sea monitoreado por el Gobierno de Estados Unidos.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, reiteran que han sido respetuosos de la separación de poderes y que las investigaciones han seguido su curso bajo los canales institucionales establecidos.
Un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, abandonó el centro estatal de protección del Icbf donde permanecía bajo custodia.
"La PGN (Procuraduría General de la Nación) manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay", señaló el organismo en su cuenta oficial de X.
La Procuraduría indicó que el menor estaba recluido en un Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de proteger los derechos de niños y adolescentes en riesgo o situación de vulnerabilidad.
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"Este despacho ha iniciado indagaciones correspondientes para establecer responsabilidad de los hechos y condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente", agregó la entidad, que también pidió a las autoridades "trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación".
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, respondió a la publicación de la Procuraduría y aclaró que se trata de un "adolescente que rindió una declaración, (pero) no tiene acusación ni privación de libertad, (sino) tiene restablecimiento de derechos por ser migrante no acompañado, solo eso".
"Mientras se ubica (la) familia, no hay evasión porque no hay privación de libertad", insistió Cáceres.
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La Fiscalía colombiana informó el viernes pasado que "se presentó un adolescente de 17 años que estaba siendo indagado por su presunta participación en una de las reuniones de planeación del ataque" ocurrido el pasado 7 de junio contra Uribe Turbay.
Según el ente acusador, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un "compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio", razón por la cual quedó bajo "una medida de protección por parte del Icbf".
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