La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y las víctimas le pidieron a la Corte Suprema de Justicia, dejar en firme la condena de 6 años que profirió el Tribunal Superior de Bogotá contra el exmagistrado Camilo Tarquino por el delito de concusión por el denominado 'cartel de la toga'.
Tarquino, habría solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con el fin de interferir en los procesos penales que se adelantaban en su contra.
En la tarde de este jueves se llevó a cabo en la Sala de Casación una audiencia de sustentación en donde el exmagistrado Tarquino pide tumbar la condena de 6 años de cárcel en su contra por el Cartel de la Toga. Incluso, Camilo Tarquino asistió presencialmente al Palacio de Justicia e hizo una corta intervención ante los magistrados tras las intervenciones de la Fiscalía y Procuraduría.
"He asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado, y esta no ha sido la excepción, lamentable para mí porque es doloroso y penoso asistir en calidad de procesado en esta Corte donde permanecí 20 años. Pero tengan la seguridad, que nunca le falté a esta Corte que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto lapso en que ejercí la profesión. Creo en la justicia quiero decirles que soy inocente", fue la reaparición pública de Tarquino.
Y es que de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, Tarquino sostuvo varias reuniones con Lyons entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá y en al menos dos de esas reuniones, el exmagistrado habría pedido dinero para facilitar acercamientos con personas que “podrían evitar que las actuaciones judiciales en su contra avanzaran”.
Tarquino fue condenado en mayo de 2023 a seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos por el escándalo judicial que sacudió al país conocido como el “Cartel de la Toga”, por el que hoy hay otros dos ex magistrados presos (Francisco Ricaurte y Gustavo Malo) y otro siendo enjuiciado (José Leónidas Bustos).