Por el escándalo de Centros Poblados, la Fiscalía imputó nuevos cargos a los empresarios Ottomar Lascarro, Juan Carlos Cáceres; a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y a Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, por el andamiaje de corrupción que llevó a que se perdieran los anticipos que se giraron para la ejecución del millonario contrato que tenía como objeto la conectividad de las zonas rurales. Según la Fiscalía, el dinero que se habrían robado supera los 15.000 millones de pesos.
Aunque el contratista Emilio Tapia Aldana estaba citado a la audiencia de imputación, no pudo asistir por la mala conexión desde la cárcel La Picota.
Según las cuentas de la Fiscalía, Juan Carlos Cáceres se habría apropiado de $9.062.301.903; Tapia se habría apropiado en provecho suyo de $5.063.623.890 y, además, se habría apropiado de $1.118.427.000 en favor de terceros. Es decir que, el total $15.244.952.946 quedaron en bolsillos de particulares, cuando esos dineros, que eran parte del anticipo de la contratación que sumaba un total de 1 billón de pesos, debían ser invertidos en el internet de las zonas rurales.
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“Ustedes señores, sabían que se estaban apropiando de los anticipos del contrato que tenían que ser destinados a la instalación, operación y mantenimiento del internet en las zonas establecidos. Sabían que el anticipo debía ser invertido en la ejecución del contrato y aun así, se apropiaron de los dineros”, dijo la fiscal del caso
Por los hechos, la Fiscalía les imputó cargos a Ottomar Lascarro y Juan José Laverde, como presuntos responsables de los delitos de fraude, falsedad y enriquecimiento ilícito de particulares. A Luis Fernando Duque y a Juan Carlos Cáceres, les fueron imputados cargos como presuntos responsables del delito de peculado. Ninguno de los imputados aceptó cargos y Lascarro, Laverde, Cáceres anunciaron que están en acercamientos con la Fiscalía para ofrecer su colaboración en el proceso.
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Es preciso recordar que, el año pasado, ya les habían imputado cargos a Duque, Laverde y Tapia como presuntos responsables de los delitos de fraude procesal y falsedad.
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