Fueron más de dos décadas de movimientos financieros sospechosos. Durante años, los millones ingresaban al sistema financiero colombiano sin levantar alarmas. Detrás de la operación había un esquema sofisticado de empresas de papel, documentos falsificados y operaciones ficticias que permitieron blanquear cerca de 2,3 billones de pesos a través del comercio ilegal de oro.
El caso comenzó a desmoronarse con una investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, quien detectó irregularidades en la comercialización del metal entre 2001 y 2011. Las pistas llevaron a un entramado de sociedades ficticias utilizadas para hacer aparentar la compra y venta de oro que nunca existió.
A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores identificaron a los responsables: representantes legales de empresas de papel, contadores y operadores financieros que usaron su conocimiento para simular transacciones millonarias. La red tenía un propósito claro: hacer que el oro extraído de yacimientos ilegales fuera vendido como producto legítimo a una comercializadora internacional, que luego lo exportaba a Estados Unidos y otros mercados.
El caso llegó a juicio oral y, tras valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, jueces penales del circuito especializado de Medellín emitieron sentencia contra los 15 implicados. Las penas oscilan entre 10 y 16 años de prisión por el delito de lavado de activos.
Entre los condenados figuran Joaquín Eduardo Pérez Yepes, Jesús Antonio Londoño Sánchez, Modesto Palacios Córdoba y John Jairo Uribe, quienes recibieron las penas más altas, de 16,6 años de cárcel. Otros sentenciados son Juliana Jaramillo Gómez (15,8 años), Óscar Alejandro Peña Peinado (15 años) y Andrés Alfonso Gaviria Cifuentes (15 años).
El expediente reveló cómo estas personas crearon sociedades ficticias para registrar transacciones inexistentes y justificar millonarios movimientos de dinero. Las supuestas empresas proveedoras del oro en realidad no tenían actividad comercial real, pero servían de intermediarias para ocultar el origen ilícito del metal.
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Aunque el fallo es de primera instancia y los condenados pueden interponer recursos, la sentencia marca un golpe contra una de las redes más grandes de blanqueo de dinero en el país, dejando en evidencia los riesgos del comercio ilegal de oro y su vínculo con el crimen organizado.
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