La controversia entre la Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec S.A.S., y la representante a la Cámara Katherine Miranda escaló al terreno judicial. La institución médica anunció que radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de injuria y calumnia, tras las declaraciones públicas realizadas por la congresista.
En un comunicado, la clínica expresó “profundo rechazo” frente a lo que calificó como afirmaciones “irresponsables, injuriosas y calumniosas”. Según el documento, las declaraciones habrían vulnerado el derecho a la honra y al buen nombre de la institución, que presta servicios de salud de alta complejidad en el departamento del Tolima.
Clinaltec sostiene que los señalamientos carecen de sustento y que puede demostrar la veracidad de su gestión en cualquier escenario judicial. Además, advierte que el incremento en el número de pacientes atendidos no puede interpretarse como una irregularidad, sino como parte de su misión médica.
La entidad confirmó que otorgó poder al abogado Jaime Lombana Villalba para interponer la querella criminal correspondiente contra la congresista. El proceso ya fue radicado.
En su pronunciamiento, la clínica manifestó confianza en que la Corte Suprema esclarecerá los hechos y reconocerá su actuación dentro del sector salud. Mientras tanto, el caso queda en manos de la justicia, que deberá determinar si las declaraciones de la representante constituyen un delito o están amparadas por la libertad de expresión en el ejercicio de su función política.
Tras conocerse la acción judicial, Miranda respondió públicamente. “Acabo de ser notificada que la clínica Clinaltec de Ibagué me está demandando penalmente por haber denunciado el cartel del cáncer que está viviendo hoy nuestro país. Quiero decirle a toda la ciudadanía que me sostengo en mis afirmaciones porque tengo las pruebas”, afirmó.
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La representante agregó que, según su denuncia, no se ha justificado el traslado indiscriminado de pacientes con cáncer desde distintas regiones del país hacia una sola IPS ubicada en Ibagué. “No es la primera vez que paso por esta situación. Hace cuatro años viví algo muy similar con Karen Winnet y hoy me está dando la razón la justicia. Entonces, no les tengo miedo y nos vemos en la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
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