La representante a la Cámara Katherine Miranda aseguró que, ante el panorama actual del país, “es mejor ser oposición en una democracia a ser perseguido en una dictadura”, una frase con la que dejó clara su preocupación frente al rumbo institucional de Colombia en caso de un posible Gobierno de Iván Cepeda.Durante la entrevista con Recap Blu, Miranda explicó que su postura no responde a afinidades ideológicas tradicionales, sino a lo que considera un momento “histórico” para el país. Según dijo, más que una elección presidencial, lo que está en juego es la continuidad del sistema democrático. En ese sentido, manifestó su temor ante un eventual gobierno de Iván Cepeda, a quien señaló como el principal contendor político en este escenario."Yo tengo un profundo miedo de lo que se puede llegar a avecinar en un Gobierno de Iván Cepeda con todo el tema de la paz total, con todo el tema del ataque a la independencia de poderes en nuestro país", dijo.Aunque reconoció tener profundas diferencias con figuras como Paloma Valencia, la congresista afirmó que coincide con ella en aspectos fundamentales como la defensa de la Constitución, las instituciones y la democracia. Por ello, planteó la necesidad de superar la polarización entre izquierda y derecha, así como las divisiones entre uribismo y petrismo, para construir un frente común que priorice la estabilidad institucional.Miranda también respondió a las críticas y etiquetas que ha recibido por su cercanía a sectores distintos a su trayectoria política. Aseguró que en Colombia se estigmatiza a quienes piensan diferente, pero afirmó que está acostumbrada a ese tipo de señalamientos. En ese contexto, defendió la alianza política entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, destacando que permite integrar liderazgos diversos, incluidos sectores de centro."Acá le ponen etiqueta a cualquier persona cada vez que se atreve a pensar, cada vez que se atreve a disentir en este país. A mí etiquetas me han puesto toda la vida", agregó.La representante, quien históricamente ha apoyado a figuras como Sergio Fajardo, lamentó que este no haya participado en mecanismos recientes de consulta, pues considera que el liderazgo colectivo es clave en el actual escenario. Aun así, sostuvo que su decisión busca motivar a los ciudadanos desencantados del Gobierno de Gustavo Petro a considerar nuevas alternativas políticas.Finalmente, frente a la división interna en la Alianza Verde, Miranda aclaró que el partido aún no ha tomado una decisión oficial sobre su respaldo en la contienda, por lo que tiene libertad para expresar su posición sin incurrir en doble militancia. Incluso, aseguró que estaría dispuesta a renunciar a su curul si eso implica mantenerse fiel a sus convicciones políticas en defensa de la democracia.
El 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar para elegir la nueva conformación del Congreso de la República y los partidos que estarán presentes durante el próximo Gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios esperan cambiar de puesto y piensan dejar atrás la Cámara de Representante para llegar al Senado.Este ha sido el caso de la representante Katherine Miranda, quien presentó su candidatura para llegar al Senado de la República con el Partido Alianza Verde. Y en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que de ser elegida su propuesta estará enfocada en fortalecer el control político y promover reformas estructurales en temas clave como salud, empleo y política fiscal."Hemos hecho un trabajo juicioso, a conciencia, no nos hemos arrodillado a ningún Gobierno, entendiendo que el Congreso de la República es un órgano independiente que se tiene que mantener así, que los pesos y los contrapesos importan cuando uno quiere resguardar el concepto de la democracia y ese contrato social que a mi juicio es la Constitución Política", aseguró.Las propuestas de Katherine Miranda en el SenadoDe acuerdo con ella, a lo largo de su carrera legislativa ha sacado adelante más de 35 leyes, entre ellas iniciativas relacionadas con divorcio libre, imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, regulación del uso de la pólvora e incentivos para el primer empleo juvenil, por ende, "quiere seguir fortaleciendo el país con propuestas reales"."Yo creo que sí hay que hacer una reforma a la salud, creo que es absolutamente importante. No la construí sola (la contra propuesta). Fue elaborada con médicos, enfermeras, personal de salud e incluso con EPS. Hay que recoger lo bueno que funciona y mejorarlo de cara a los pacientes", dijo.Por otro lado, rechazó la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y recordó compromisos adquiridos durante la campaña presidencial, en donde él dijo y firmó sobre mármol que no lo haría."A mí me molesta profundamente que ahora se plantee una constituyente (...) Lo que le incomoda al presidente son los contrapesos y la separación de poderes. Una constituyente podría poner en riesgo las libertades y la democracia", señaló.Por otro lado, dijo que el próximo Gobierno inevitablemente deberá impulsar una reforma tributaria, aunque advirtió que el debate debe centrarse en cómo diseñarla. La representante criticó lo que considera una fragilidad del empleo formal en Colombia, señalando que parte de la reducción del desempleo responde a actividades informales o de subsistencia.
La controversia entre la Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec S.A.S., y la representante a la Cámara Katherine Miranda escaló al terreno judicial. La institución médica anunció que radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de injuria y calumnia, tras las declaraciones públicas realizadas por la congresista.En un comunicado, la clínica expresó “profundo rechazo” frente a lo que calificó como afirmaciones “irresponsables, injuriosas y calumniosas”. Según el documento, las declaraciones habrían vulnerado el derecho a la honra y al buen nombre de la institución, que presta servicios de salud de alta complejidad en el departamento del Tolima.Clinaltec sostiene que los señalamientos carecen de sustento y que puede demostrar la veracidad de su gestión en cualquier escenario judicial. Además, advierte que el incremento en el número de pacientes atendidos no puede interpretarse como una irregularidad, sino como parte de su misión médica.La entidad confirmó que otorgó poder al abogado Jaime Lombana Villalba para interponer la querella criminal correspondiente contra la congresista. El proceso ya fue radicado.En su pronunciamiento, la clínica manifestó confianza en que la Corte Suprema esclarecerá los hechos y reconocerá su actuación dentro del sector salud. Mientras tanto, el caso queda en manos de la justicia, que deberá determinar si las declaraciones de la representante constituyen un delito o están amparadas por la libertad de expresión en el ejercicio de su función política.Tras conocerse la acción judicial, Miranda respondió públicamente. “Acabo de ser notificada que la clínica Clinaltec de Ibagué me está demandando penalmente por haber denunciado el cartel del cáncer que está viviendo hoy nuestro país. Quiero decirle a toda la ciudadanía que me sostengo en mis afirmaciones porque tengo las pruebas”, afirmó.La representante agregó que, según su denuncia, no se ha justificado el traslado indiscriminado de pacientes con cáncer desde distintas regiones del país hacia una sola IPS ubicada en Ibagué. “No es la primera vez que paso por esta situación. Hace cuatro años viví algo muy similar con Karen Winnet y hoy me está dando la razón la justicia. Entonces, no les tengo miedo y nos vemos en la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
La representante a la Cámara Katherine Miranda habló este miércoles 24 en Recap Blu. En una extensa entrevista, puso el foco en la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en los millonarios contratos que, según dijo, han recibido desde que comenzó el actual Gobierno. En su intervención dejó una frase que atravesó toda la conversación: “Es criminal. Están jugando con la vida de los colombianos”.Miranda aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta del ministro frente a la denuncia. “Presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar”, afirmó, y aclaró que no está hablando de un delito penal, sino de una práctica que considera reprochable. “Esto no es un delito, pero sí es nepotismo, y es algo que antes se criticaba y hoy parece una normalidad”, dijo.Contratos por más de $3.200 millonesDurante la entrevista, la congresista explicó que al menos siete personas cercanas al ministro han tenido contratos con el Estado colombiano desde 2022. “Hablamos de sobrinos, cuñada, hermano, esposa, hijo e hijastro”, señaló, y detalló que el monto total supera los 3.200 millones de pesos.Uno de los casos que más inquietud le genera es el del hijastro del ministro en la ADRES. “Tiene dos contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos”, explicó. Según Miranda, uno de esos contratos fue por apenas 70 días de trabajo, lo que, a su juicio, enciende alertas sobre el manejo de los recursos públicos.Procuraduría, Contraloría y control políticoLa representante confirmó que la información ya fue enviada a la Procuraduría y a la Contraloría para que revisen si hubo irregularidades o tráfico de influencias. “Queremos que se establezca si la contratación fue adecuada”, afirmó.En ese contexto, Miranda vinculó la denuncia con la crisis del sistema de salud y la moción de censura contra el ministro. “Hoy el 52 % de la población está en EPS intervenidas por este gobierno”, advirtió, y agregó que el país atraviesa una situación crítica mientras, según ella, “un clan familiar se estaría beneficiando del Estado”. Para la congresista, el debate no puede aplazarse: “Nunca es tarde para hacer control político cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda, como lo había pedido el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de una querella o queja.El alto funcionario las acusaba de injuria y calumnia por una carta pública en la que los parlamentarios cuestionaron su eventual nombramiento como ministro del Interior, nombramiento que se terminó concretando.Fue el 24 de febrero de 2025, cuando las congresistas enviaron una carta al presidente Gustavo Petro rechazando la posible designación de Benedetti, decisión que calificaron como “inaceptable” y “deplorable”, al considerar que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía ocupar ese cargo pues, entre muchas labores, iba a tener comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.En esa carta, recordaron además las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito vigentes contra Benedetti y por eso pedían no continuar con el nombramiento.Ante esto, Armando Benedetti sostuvo que esas afirmaciones eran infundadas y lesionaban su honra y buen nombre, pues no no existían condenas judiciales en su contra y debía prevalecer su presunción de inocencia. Y para defenderse, acudió a la Corte Suprema.Sin embargo, tras estudiar el caso, el alto tribunal concluyó que no se configuraba un delito teniendo en cuenta que las representantes cumplieron con una de sus funciones esenciales, que es la del control político y eso incluye cuestionar decisiones y nombramientos del Ejecutivo.En esa línea, la Corte recordó que los congresistas no pueden ser investigados por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo ya que cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria y esto ampara el oponerse a un nombramiento ministerial.La Corte también determinó que no se acreditó una intención deliberada de ofender o deshonrar y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar un ataque personal, todo con denuncias que habían sido objeto de amplia difusión y en investigaciones existentes.“....que los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”, dice la Corte en su decisión.Finalmente, en el documento le recuerdan a Benedetti y a otros funcionarios que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público.
La controversia por el bloqueo temporal del diario sueco Expressen en Colombia continúa escalando, luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara presuntas irregularidades en la restricción de acceso al portal, justo después de la publicación de reportajes sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo.En entrevista con Recap Blu, Miranda explicó las "alertas" que le llevaron a investigar el caso, luego de que periodistas y ciudadanos reportaran que, tras los artículos sobre la primera dama, el sitio dejó de funcionar en territorio colombiano. La congresista indicó que, mediante un derecho de petición, el Ministerio de las TIC confirmó que Expressen había sido incluido en una lista de páginas a bloquear el 31 de octubre de 2025, es decir, 15 días antes de la primera publicación sobre Alcocer.Sin embargo, la aclaración del MinTIC contrastó con la versión de Coljuegos, entidad que inicialmente apareció como responsable del bloqueo. Esta aseguró que el portal habría sido incluido en la lista desde 2021, supuestamente por promover juegos ilegales. Miranda insistió en que las fechas no coinciden y que, además, el bloqueo solo se hizo efectivo cuando estalló el debate por las notas periodísticas de Expressen.Para la congresista, la principal preocupación no es lo que el diario sueco haya publicado sobre Alcocer, sino los indicios de un patrón de censura institucional. De hecho, aseguró que tiene pruebas de que la página funcionaba con normalidad antes del 16 de noviembre, y que dos días después de los reportajes fue cuando dejó de abrir.“Es una alerta enorme que tenemos que tener como demócratas. Me angustia que se estén censurando portales de comunicación que cuestionan al Gobierno”, afirmó. La confusión aumentó cuando se comprobó este mismo martes, 2 de diciembre, que el portal sí estaba accesible nuevamente. Para Miranda, este vaivén deja interrogantes sin resolver: “Si está en la lista de bloqueados desde hace años o desde octubre, ¿por qué hoy sí se puede ingresar? ¿Por qué justo cuando había escándalo no se podía?”.Ante la falta de una explicación unificada, Miranda pidió claridad sobre los criterios para determinar qué páginas se bloquean en Colombia y quién tiene la potestad final para ordenar dichas restricciones. Explicó que tanto la Policía como Coljuegos pueden solicitar bloqueos por motivos específicos —como apuestas ilegales o pornografía infantil—, pero que es el MinTIC quien ejecuta la instrucción. Su preocupación, dijo, es que estas figuras del Estado, subordinadas al gobierno nacional, puedan ser usadas con fines políticos.“Me preocuparía encontrar medios nacionales bloqueados por cuestionar al Gobierno”, concluyó.
Para que la moción de censura prospere, se necesitan 21 votos. La congresista Miranda afirmó que cree que superará esa cifra, basando su optimismo en la "molestia grande" que existe al interior del Congreso.La representante apeló directamente a la coherencia de algunos miembros del Pacto Histórico, recordando que hace unos años estos mismos congresistas apoyaron la moción contra el exministro Botero. Aunque prefirió no revelar nombres, Miranda señaló que la doble moral que, a su juicio, está manejando el presidente Gustavo Petro, ha generado un profundo malestar interno; la representante reveló que ha enviado mensajes por redes sociales a Iván Cepeda, un activo crítico de los bombardeos en el gobierno anterior, pidiéndole que se unan para llevar la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI). La congresista refutó directamente la afirmación del ministro de que, si los menores reclutados tienen más de 12 años, se convierten en "combatientes ilegales en armas y en consecuencia blancos legítimos de no son combatientes". El derecho internacional humanitario y el Comité Internacional de la Cruz Roja son "absolutamente claros" al establecer que incluso un niño reclutado que porte armas o participe en hostilidades sigue siendo fundamentales como el de distinción (si existe duda sobre la presencia de civiles, el ataque no puede realizarse), precaución y proporcionalidad.Bombardeos con menores víctimas: Guaviare y AmazonasMiranda recordó otro caso preocupante: el bombardeo del 1 de octubre en el Amazonas.En el caso del Amazonas, inicialmente se informó la "neutralización" de cuatro de los principios del DIH. En total, Miranda estima que ha habido ocho bombardeos por parte del gobierno durante este año y un cálculo de unos 18 bombardeos en los tres años de la fallida paz total" que ha tardado en implementar ofensivas.Las cifras de reclutamiento forzado son alarmantes: si bien en 2022 el registro era de 30 menores. Finalmente, la congresista puso el foco en el accionar negligente contra el ELN. Denunció que el Catatumbo (Norte de Santander) es el tercer departamento con más reclutamiento armado en este momento, pero nada" hace más de dos meses.Este debate no solo busca la remoción del ministro de Defensa, sino que pone en tela de juicio el respeto por los protocolos de protección a la niñez establecidos incluso por este mismo gobierno.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda denunció que el Gobierno habría firmado 1.5 billones de pesos en contratos en solo 24 horas y justo antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías.“Entre el 7 y el 8 de noviembre, el valor total de los contratos registrados por el Estado pasó de $1,02 billones a $2,52 billones, lo que representa un incremento de más del 140 %, justo antes de que la Ley de Garantías limitara la contratación directa con fines electorales”, aseguró Miranda.La representante asegura que esta es una maratón de contratos que pone en duda la transparencia de los recursos comprometidos.La congresista dijo que este tipo de prácticas “ponen en riesgo la confianza ciudadana y abren la puerta a la utilización política de los recursos del Estado”.Por eso, la representante solicitó a la Contraloría General y a los órganos de control abrir una investigación inmediata sobre los contratos firmados en esas horas con el fin de determinar si se vulneraron los principios de transparencia y responsabilidad administrativa.
La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda explicó que este lunes el partido decidió, por mayorías, no conformar alianzas ni coaliciones con La Fuerza ni con su líder Roy Barreras."Esta decisión se toma con muchísimo respeto pero también con coherencia frente a los principios que ha defendido nuestra colectividad como la transparencia, la independencia y la lucha contra las viejas prácticas políticas", señaló Miranda.La votación fue 26-14 y se conoció justo el día en el que Barreras anunció que será candidato a la Presidencia. El exembajador también reaccionó a la decisión de la Alianza Verde."El partido verde, que tiene unas mayorías progresistas, elegirá a un número de senadores y senadoras, le deseo mucha suerte a Katherine Miranda, que pueda ser elegida. Esos senadores y senadoras progresistas, con otros senadores y senadoras progresistas y junto con los trabajadores, los campesinos y los obreros sacaremos adelante una agenda de país", dijo Barreras.
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo, 17 de mayo de 2026.María Eugenia Orozco, SolvitaHabla de la economía de bolsillo de las personas, créditos y ayudas para recuperar la tranquilidad con soluciones legales claras y acompañamiento profesional.Lucia AndradeSu trabajo se enfoca en ayudar a personas y empresas a fortalecer su reputación, gestionar crisis y mejorar su productividad a través de una comunicación efectiva.Karen Schlicht, experience kissimmeeEl hogar de aventuras al aire libre, campos de golf increíbles, entretenimiento de primer nivel y una mezcla de atracciones memorables para todasKathe LoaizaReconocida empresaria, conferencista, mentora, columnista, presentadora, creadora de contenido y estratega de negocios colombiana.Escuche el programa completo acá:
La tecnología ha evolucionado demasiado en los últimos años, cambiando la forma en que las personas viven y trabajan. Hoy en día, los avances son tan rápidos que ya no solo ayudan a la gente , sino que también están empezando a reemplazar algunos trabajos humanos.Un claro ejemplo de esto es cómo se están entrenando robots humanoides para hacer tareas que antes solo podían hacer las personas.En China, los robots humanoides están creciendo en número rápidamente y para que estos robots aprendan, necesitan grandes cantidades de datos, lo que ha creado nuevos trabajos como recolectores y auditores de datos.Así entrenan a robots que reemplazarán trabajos humanosSegún un informe de un centro de análisis de datos en el territorio chino, los recolectores se encargan de enseñar a los robots tareas básicas, como organizar la mesa o colocar la vajilla, algo que normalmente haría un camarero.Para lograrlo, se usan dispositivos avanzados que registran información muy detallada. Estos equipos pueden captar aspectos como la dureza, la suavidad o la textura de los objetos.“Es como si los robots pudieran sentir lo que tocan, gracias a más de 3.000 puntos de contacto que recopilan hasta 80 tipos diferentes de información”, indica el centro de investigación. Esto permite que los robots no solo repitan movimientos, sino que entiendan mejor lo que hacen.De acuerdo con los expertos, antes, los robots se entrenaban de forma más simple, controlados a distancia por humanos; sin embargo, este método era lento, costoso y poco preciso, ya que no incluía información del tacto.Ahora, los nuevos sistemas funcionan de forma más parecida al cuerpo humano, captando sensaciones desde la vista hasta el contacto físico.En medio de esta nueva dinámica, el centro de análisis de datos indica que aparece otro trabajo importante, el de auditor o verificador de datos. Estas personas revisan si las acciones hechas durante el entrenamiento son correctas o no. Por ejemplo, si una tarea debía hacerse con la mano izquierda y se hizo con la derecha, se marca como error.Tanto los aciertos como los errores se usan para enseñar a los robots, igual que un niño aprende de lo que hace bien y mal.Actualmente, se están creando grandes bases de datos en todo el país, con más de 20 millones de registros. Según el centro de análisis, solo en los primeros meses de 2026, se añadieron millones de nuevos datos, mostrando un crecimiento muy rápido.*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana
El Gobierno de Bolivia expresó su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre la situación política interna, después de que el mandatario colombiano hiciera referencia a las manifestaciones en Bolivia como una supuesta “insurrección popular”.“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda”, escribió Petro, aunque sin mencionarlo, en referencia al expresidente Evo Morales, a quien el Tribunal de Tarija le dictó orden de captura y lo declaró en rebeldía por no presentarse al juicio que se le sigue por una relación que habría sostenido, cuando estaba en el cargo, con una menor de 15 años, quien tuvo una hija, y se investiga si es producto de esa relación.Pero, pese a ello, Morales no está detenido porque está evadiendo a la justicia en la región del Chapare, donde sus seguidores tomaron el aeropuerto después de que surgieran informaciones de que llegarían a la región funcionarios de la justicia para capturarlo.En un comunicado emitido la noche de este domingo, las autoridades bolivianas señalaron que las palabras del mandatario colombiano no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación que históricamente han mantenido ambos pueblos.Bolivia consideró improcedente cualquier interpretación externa que distorsione los acontecimientos actuales o contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos.El Gobierno del Estado Plurinacional reafirmó que los desafíos del país deben resolverse dentro del orden constitucional, con respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que correspondan exclusivamente al pueblo boliviano.Asimismo, sostienen que “las transformaciones que requiere Bolivia, tras casi dos décadas de tensiones políticas, deterioro institucional y problemas estructurales, deben ser impulsadas por los propios ciudadanos, en un clima de paz, responsabilidad democrática y pleno respeto a la soberanía nacional”.En el comunicado también se recordó la importancia del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al derecho internacional y a las normas que rigen las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe.Recordemos que, en el mensaje, Petro también resaltó que en Panamá habló con el presidente de Bolivia sobre su padre, Paz Zamora, a quien definió como “el primer progresismo latinoamericano”. Resaltó el paso de Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente de Bolivia, por Bogotá y Panamá en el exilio, donde, según Petro, recibió las visitas del general Omar Torrijos y del integrante del grupo M-19 Carlos Vidales, hijo del poeta. “Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, escribió el mandatario colombiano.
Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió este lunes el distrito de Liunan, en la ciudad de Liuzhou, en la región meridional china de Guangxi, dejando al menos tres desaparecidos, cuatro heridos y más de 7.000 personas evacuadas, informaron las autoridades locales.El seísmo se produjo a las 00:21 hora local (16:21 GMT del domingo) a una profundidad de 8 kilómetros, según el Centro de Redes Sismológicas de China, que situó el epicentro en las coordenadas 24,38 grados de latitud norte y 109,26 grados de longitud este.La sacudida se sintió en varias ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning, de acuerdo con medios estatales.La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou indicó que, hasta las 04:00 hora local (20:00 GMT del domingo), el terremoto había causado el derrumbe de 13 viviendas, el traslado de cuatro personas al hospital, todas ellas fuera de peligro, y la desaparición de otras tres.Las autoridades añadieron que más de 7.000 vecinos fueron evacuados y que las comunicaciones, el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua, el gas y las carreteras en la zona afectada funcionaban con normalidad.Además del terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos de menor intensidad.Las autoridades informaron de cinco seísmos de entre magnitud 2,2 y 3,2 antes y después del temblor principal, y el Centro de Redes Sismológicas de China registró a las 07:41 hora local (23:41 GMT del domingo) una réplica de magnitud 3,3 en Liunan, a 10 kilómetros de profundidad.
Este ataque se registró en la vía Panamericana, en su paso por El Bordo, cabecera municipal del municipio de El Patía, al sur del departamento del Cauca. Cuando sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada contra una patrulla de la Policía que se encontraba haciendo un recorrido de vigilancia en la zona.En el vehículo se movilizaban tres policías, de los cuales uno sufrió lesiones leves y aturdimiento por la explosión. Un civil que se encontraba en la zona también resultó lesionado. Ambos fueron trasladados de inmediato al hospital local."Lo que me reportan del hospital es que, pues, por fortuna las heridas no son de gravedad. Es una situación muy difícil porque, pese a que ha habido militarización, hay presencia constante de fuerza pública, los acontecimientos siguen presentándose. Constantemente hay ataques y combates", señaló el alcalde de El Patía, John Jairo Fuentes.La zona donde ocurrieron los hechos se encuentra acordonada, mientras las autoridades se despliegan en el marco del plan defensa y adelantan la búsqueda de los responsables.Esta acción terrorista se le atribuye al frente 'Carlos Patiño' de las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', autor de múltiples ataques en esa zona del departamento, especialmente en la vía Panamericana.