Tras 16 años de militancia en el Partido Verde, Katherine Miranda confirmó oficialmente su salida de la colectividad y abrió un nuevo capítulo en su carrera política. La exrepresentante a la Cámara aseguró que su decisión no fue improvisada, sino el resultado de profundas diferencias con el rumbo que tomó el partido durante los últimos años.En entrevista con Blu Radio este miércoles 22 de julio de 2026, Miranda explicó que esperó hasta terminar su periodo en el Congreso para presentar la renuncia. Además, habló de su respaldo al presidente electo Abelardo de la Espriella, de las razones que la alejaron del petrismo y de las posibilidades de regresar al servicio público."Fue un voto castigo": la frase con la que explicó su apoyo a AbelardoUno de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando Katherine Miranda explicó por qué votó por Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial. Lejos de describirlo como un respaldo político, aseguró que su decisión respondió al inconformismo con el Gobierno saliente."Mi voto, para serle completamente sincera, fue como el de muchísimos colombianos: fue un voto castigo al petrismo, más que un voto a favor per se por Abelardo De La Espriella", afirmó.La excongresista también reveló que solo ha visto una vez al hoy presidente electo y que mantiene una mejor relación con el vicepresidente, a quien conoció durante su paso por el Ministerio de Hacienda.Sobre una eventual invitación para integrar el nuevo Gobierno, Miranda evitó cerrar la puerta, pero dejó claro que no aceptaría un cargo únicamente por ocuparlo. "Uno no puede aceptar un cargo simplemente por el cargo cuando yo vengo criticando todo este tiempo los nombramientos a dedo sin meritocracia", sostuvo.Las razones de su salida del Verde y su visión sobre el paísMiranda aseguró que el punto de quiebre con el Gobierno Petro fue la reforma política presentada en diciembre de 2022, la cual calificó como "completamente antidemocrática, antiminorías". Según explicó, esa iniciativa le confirmó que debía apartarse del proyecto político que inicialmente respaldó.Sobre el Partido Verde, reconoció que ya no se siente representada y descartó vincularse a un movimiento de derecha. "Nosotros siempre hemos sido de centro", enfatizó, al recordar su formación política junto a Antanas Mockus.Finalmente, al referirse al panorama político tras la posesión del nuevo presidente, advirtió que Colombia seguirá enfrentando un ambiente de fuerte confrontación. "Veo un país que va a mantener una polarización terrible", concluyó, al señalar que tanto la oposición como el oficialismo tendrán el reto de encontrar consensos en el Congreso.
De cara a la segunda vuelta presidencial, la congresista Katherine Miranda ha confirmado oficialmente su respaldo a la candidatura del abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella. A través de una declaración pública en video publicado en sus redes sociales, la legisladora despejó las dudas sobre su postura en esta etapa definitiva de los comicios, inclinando la balanza en favor del candidato que resultó más votado en la primera vuelta celebrada el pasado 31 de mayo.La decisión de Miranda se produce en un momento de máxima polarización, donde los apoyos de sectores independientes y de centro se han vuelto el principal objetivo de las campañas en disputa. Al hacer pública su preferencia, la congresista fue enfática al señalar que su determinación incluye también al compañero de fórmula de De La Espriella: "Por eso hoy hago público mi voto y es por Abelardo de la Espriella y por José Manuel Restrepo". Un espaldarazo clave de cara a la segunda vueltaEl anuncio de Katherine Miranda llega a menos de dos semanas de que los colombianos regresen a las urnas el próximo 21 de junio. De La Espriella, llega a esta instancia tras haber obtenido una contundente victoria en la primera ronda con 10,3 millones de votos (43,78 %), superando al candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien alcanzó los 9,7 millones (40,98 %). Este respaldo representa un impulso significativo para la estrategia de De La Espriella de consolidar mayorías frente a su contrincante. Mientras tanto, Iván Cepeda, tras una semana de incertidumbre en la que tardó en reconocer los resultados oficiales, ha manifestado estar "listo a dialogar... con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco" en un intento por recortar la ventaja de más de 600.000 votos que le lleva el aspirante de derecha. La disputa por el centro y el plan "Patria Milagro"El apoyo de Miranda también valida, desde su perspectiva, el proyecto de gobierno denominado 'Patria Milagro', la bandera principal de De La Espriella para lo que denomina la reconstrucción del país tras el gobierno de Gustavo Petro.El candidato ha defendido su propuesta asegurando que, a pesar de las dudas iniciales, el apoyo ciudadano ha sido imparable: "pocos imaginaban que este proyecto llegaría a donde está hoy", pero los votos han demostrado que "cuando el pueblo decide, no hay maquinaria, partido tradicional ni cálculo político que pueda detenerlo".Por su parte, la campaña de De La Espriella continúa movilizándose en las calles, donde sus seguidores han protagonizado jornadas de apoyo masivo portando la camiseta de la selección colombiana de fútbol, un símbolo que se ha convertido en eje de controversia política.Pese a las restricciones judiciales iniciales, el candidato ha promovido el uso de esta prenda como un emblema que "no pertenece a ningún partido político... sino que representa el orgullo nacional, la unión de los colombianos y la esperanza de un país".
La representante a la Cámara Katherine Miranda aseguró que, ante el panorama actual del país, “es mejor ser oposición en una democracia a ser perseguido en una dictadura”, una frase con la que dejó clara su preocupación frente al rumbo institucional de Colombia en caso de un posible Gobierno de Iván Cepeda.Durante la entrevista con Recap Blu, Miranda explicó que su postura no responde a afinidades ideológicas tradicionales, sino a lo que considera un momento “histórico” para el país. Según dijo, más que una elección presidencial, lo que está en juego es la continuidad del sistema democrático. En ese sentido, manifestó su temor ante un eventual gobierno de Iván Cepeda, a quien señaló como el principal contendor político en este escenario."Yo tengo un profundo miedo de lo que se puede llegar a avecinar en un Gobierno de Iván Cepeda con todo el tema de la paz total, con todo el tema del ataque a la independencia de poderes en nuestro país", dijo.Aunque reconoció tener profundas diferencias con figuras como Paloma Valencia, la congresista afirmó que coincide con ella en aspectos fundamentales como la defensa de la Constitución, las instituciones y la democracia. Por ello, planteó la necesidad de superar la polarización entre izquierda y derecha, así como las divisiones entre uribismo y petrismo, para construir un frente común que priorice la estabilidad institucional.Miranda también respondió a las críticas y etiquetas que ha recibido por su cercanía a sectores distintos a su trayectoria política. Aseguró que en Colombia se estigmatiza a quienes piensan diferente, pero afirmó que está acostumbrada a ese tipo de señalamientos. En ese contexto, defendió la alianza política entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, destacando que permite integrar liderazgos diversos, incluidos sectores de centro."Acá le ponen etiqueta a cualquier persona cada vez que se atreve a pensar, cada vez que se atreve a disentir en este país. A mí etiquetas me han puesto toda la vida", agregó.La representante, quien históricamente ha apoyado a figuras como Sergio Fajardo, lamentó que este no haya participado en mecanismos recientes de consulta, pues considera que el liderazgo colectivo es clave en el actual escenario. Aun así, sostuvo que su decisión busca motivar a los ciudadanos desencantados del Gobierno de Gustavo Petro a considerar nuevas alternativas políticas.Finalmente, frente a la división interna en la Alianza Verde, Miranda aclaró que el partido aún no ha tomado una decisión oficial sobre su respaldo en la contienda, por lo que tiene libertad para expresar su posición sin incurrir en doble militancia. Incluso, aseguró que estaría dispuesta a renunciar a su curul si eso implica mantenerse fiel a sus convicciones políticas en defensa de la democracia.
El 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar para elegir la nueva conformación del Congreso de la República y los partidos que estarán presentes durante el próximo Gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios esperan cambiar de puesto y piensan dejar atrás la Cámara de Representante para llegar al Senado.Este ha sido el caso de la representante Katherine Miranda, quien presentó su candidatura para llegar al Senado de la República con el Partido Alianza Verde. Y en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que de ser elegida su propuesta estará enfocada en fortalecer el control político y promover reformas estructurales en temas clave como salud, empleo y política fiscal."Hemos hecho un trabajo juicioso, a conciencia, no nos hemos arrodillado a ningún Gobierno, entendiendo que el Congreso de la República es un órgano independiente que se tiene que mantener así, que los pesos y los contrapesos importan cuando uno quiere resguardar el concepto de la democracia y ese contrato social que a mi juicio es la Constitución Política", aseguró.Las propuestas de Katherine Miranda en el SenadoDe acuerdo con ella, a lo largo de su carrera legislativa ha sacado adelante más de 35 leyes, entre ellas iniciativas relacionadas con divorcio libre, imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, regulación del uso de la pólvora e incentivos para el primer empleo juvenil, por ende, "quiere seguir fortaleciendo el país con propuestas reales"."Yo creo que sí hay que hacer una reforma a la salud, creo que es absolutamente importante. No la construí sola (la contra propuesta). Fue elaborada con médicos, enfermeras, personal de salud e incluso con EPS. Hay que recoger lo bueno que funciona y mejorarlo de cara a los pacientes", dijo.Por otro lado, rechazó la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y recordó compromisos adquiridos durante la campaña presidencial, en donde él dijo y firmó sobre mármol que no lo haría."A mí me molesta profundamente que ahora se plantee una constituyente (...) Lo que le incomoda al presidente son los contrapesos y la separación de poderes. Una constituyente podría poner en riesgo las libertades y la democracia", señaló.Por otro lado, dijo que el próximo Gobierno inevitablemente deberá impulsar una reforma tributaria, aunque advirtió que el debate debe centrarse en cómo diseñarla. La representante criticó lo que considera una fragilidad del empleo formal en Colombia, señalando que parte de la reducción del desempleo responde a actividades informales o de subsistencia.
La controversia entre la Clínica Internacional de Alta Tecnología, Clinaltec S.A.S., y la representante a la Cámara Katherine Miranda escaló al terreno judicial. La institución médica anunció que radicó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de injuria y calumnia, tras las declaraciones públicas realizadas por la congresista.En un comunicado, la clínica expresó “profundo rechazo” frente a lo que calificó como afirmaciones “irresponsables, injuriosas y calumniosas”. Según el documento, las declaraciones habrían vulnerado el derecho a la honra y al buen nombre de la institución, que presta servicios de salud de alta complejidad en el departamento del Tolima.Clinaltec sostiene que los señalamientos carecen de sustento y que puede demostrar la veracidad de su gestión en cualquier escenario judicial. Además, advierte que el incremento en el número de pacientes atendidos no puede interpretarse como una irregularidad, sino como parte de su misión médica.La entidad confirmó que otorgó poder al abogado Jaime Lombana Villalba para interponer la querella criminal correspondiente contra la congresista. El proceso ya fue radicado.En su pronunciamiento, la clínica manifestó confianza en que la Corte Suprema esclarecerá los hechos y reconocerá su actuación dentro del sector salud. Mientras tanto, el caso queda en manos de la justicia, que deberá determinar si las declaraciones de la representante constituyen un delito o están amparadas por la libertad de expresión en el ejercicio de su función política.Tras conocerse la acción judicial, Miranda respondió públicamente. “Acabo de ser notificada que la clínica Clinaltec de Ibagué me está demandando penalmente por haber denunciado el cartel del cáncer que está viviendo hoy nuestro país. Quiero decirle a toda la ciudadanía que me sostengo en mis afirmaciones porque tengo las pruebas”, afirmó.La representante agregó que, según su denuncia, no se ha justificado el traslado indiscriminado de pacientes con cáncer desde distintas regiones del país hacia una sola IPS ubicada en Ibagué. “No es la primera vez que paso por esta situación. Hace cuatro años viví algo muy similar con Karen Winnet y hoy me está dando la razón la justicia. Entonces, no les tengo miedo y nos vemos en la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
La representante a la Cámara Katherine Miranda habló este miércoles 24 en Recap Blu. En una extensa entrevista, puso el foco en la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en los millonarios contratos que, según dijo, han recibido desde que comenzó el actual Gobierno. En su intervención dejó una frase que atravesó toda la conversación: “Es criminal. Están jugando con la vida de los colombianos”.Miranda aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta del ministro frente a la denuncia. “Presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar”, afirmó, y aclaró que no está hablando de un delito penal, sino de una práctica que considera reprochable. “Esto no es un delito, pero sí es nepotismo, y es algo que antes se criticaba y hoy parece una normalidad”, dijo.Contratos por más de $3.200 millonesDurante la entrevista, la congresista explicó que al menos siete personas cercanas al ministro han tenido contratos con el Estado colombiano desde 2022. “Hablamos de sobrinos, cuñada, hermano, esposa, hijo e hijastro”, señaló, y detalló que el monto total supera los 3.200 millones de pesos.Uno de los casos que más inquietud le genera es el del hijastro del ministro en la ADRES. “Tiene dos contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos”, explicó. Según Miranda, uno de esos contratos fue por apenas 70 días de trabajo, lo que, a su juicio, enciende alertas sobre el manejo de los recursos públicos.Procuraduría, Contraloría y control políticoLa representante confirmó que la información ya fue enviada a la Procuraduría y a la Contraloría para que revisen si hubo irregularidades o tráfico de influencias. “Queremos que se establezca si la contratación fue adecuada”, afirmó.En ese contexto, Miranda vinculó la denuncia con la crisis del sistema de salud y la moción de censura contra el ministro. “Hoy el 52 % de la población está en EPS intervenidas por este gobierno”, advirtió, y agregó que el país atraviesa una situación crítica mientras, según ella, “un clan familiar se estaría beneficiando del Estado”. Para la congresista, el debate no puede aplazarse: “Nunca es tarde para hacer control político cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.
La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que algunos familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de 3.000 millones de pesos en contratos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.Miranda mencionó a la cuñada de Jaramillo, María Clara Berrocal, quien, según la denuncia, ha firmado cuatro contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2023 y 2026 por más de 390 millones de pesos.La congresista también señaló a dos sobrinos del ministro, uno de los cuales firmó un contrato con el Ministerio de Ciencias por 72 millones de pesos en 2024.“También está Camilo Jaramillo Berrocal, que ha firmado más de 12 contratos con entidades como la empresa ferroviaria regional, que en total suma más de 1.400 millones de pesos. Hay un dato aún más delicado porque en 2023 esta persona fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y además fue imputada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por el caso de Odebrecht”, dijo Miranda.La congresista también afirmó que el hijastro del ministro fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) durante el gobierno Petro, con contratos por 97 millones de pesos, y que el hermano del ministro también habría recibido contratos de la Contraloría General de la República por 38 millones de pesos.“El hijo, Alejandro Jaramillo Gómez, desde agosto de 2024 es el director de ProColombia en el Reino Unido. Ese cargo le representa ingresos que superan los 40 millones de pesos mensuales”, agregó Miranda.Por otro lado, señaló que la esposa del ministro es la superintendente delegada para las prestadoras de servicios de salud.“La pregunta es inevitable: ¿estamos ante un entramado familiar beneficiado con recursos públicos? Más de 3.000 millones de pesos mientras el país enfrenta una crisis en el sistema de salud y los colombianos esperan atención”, concluyó Miranda.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda, como lo había pedido el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de una querella o queja.El alto funcionario las acusaba de injuria y calumnia por una carta pública en la que los parlamentarios cuestionaron su eventual nombramiento como ministro del Interior, nombramiento que se terminó concretando.Fue el 24 de febrero de 2025, cuando las congresistas enviaron una carta al presidente Gustavo Petro rechazando la posible designación de Benedetti, decisión que calificaron como “inaceptable” y “deplorable”, al considerar que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía ocupar ese cargo pues, entre muchas labores, iba a tener comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.En esa carta, recordaron además las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito vigentes contra Benedetti y por eso pedían no continuar con el nombramiento.Ante esto, Armando Benedetti sostuvo que esas afirmaciones eran infundadas y lesionaban su honra y buen nombre, pues no no existían condenas judiciales en su contra y debía prevalecer su presunción de inocencia. Y para defenderse, acudió a la Corte Suprema.Sin embargo, tras estudiar el caso, el alto tribunal concluyó que no se configuraba un delito teniendo en cuenta que las representantes cumplieron con una de sus funciones esenciales, que es la del control político y eso incluye cuestionar decisiones y nombramientos del Ejecutivo.En esa línea, la Corte recordó que los congresistas no pueden ser investigados por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo ya que cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria y esto ampara el oponerse a un nombramiento ministerial.La Corte también determinó que no se acreditó una intención deliberada de ofender o deshonrar y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar un ataque personal, todo con denuncias que habían sido objeto de amplia difusión y en investigaciones existentes.“....que los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”, dice la Corte en su decisión.Finalmente, en el documento le recuerdan a Benedetti y a otros funcionarios que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público.
La controversia por el bloqueo temporal del diario sueco Expressen en Colombia continúa escalando, luego de que la representante a la Cámara Katherine Miranda denunciara presuntas irregularidades en la restricción de acceso al portal, justo después de la publicación de reportajes sobre la vida de Verónica Alcocer en Estocolmo.En entrevista con Recap Blu, Miranda explicó las "alertas" que le llevaron a investigar el caso, luego de que periodistas y ciudadanos reportaran que, tras los artículos sobre la primera dama, el sitio dejó de funcionar en territorio colombiano. La congresista indicó que, mediante un derecho de petición, el Ministerio de las TIC confirmó que Expressen había sido incluido en una lista de páginas a bloquear el 31 de octubre de 2025, es decir, 15 días antes de la primera publicación sobre Alcocer.Sin embargo, la aclaración del MinTIC contrastó con la versión de Coljuegos, entidad que inicialmente apareció como responsable del bloqueo. Esta aseguró que el portal habría sido incluido en la lista desde 2021, supuestamente por promover juegos ilegales. Miranda insistió en que las fechas no coinciden y que, además, el bloqueo solo se hizo efectivo cuando estalló el debate por las notas periodísticas de Expressen.Para la congresista, la principal preocupación no es lo que el diario sueco haya publicado sobre Alcocer, sino los indicios de un patrón de censura institucional. De hecho, aseguró que tiene pruebas de que la página funcionaba con normalidad antes del 16 de noviembre, y que dos días después de los reportajes fue cuando dejó de abrir.“Es una alerta enorme que tenemos que tener como demócratas. Me angustia que se estén censurando portales de comunicación que cuestionan al Gobierno”, afirmó. La confusión aumentó cuando se comprobó este mismo martes, 2 de diciembre, que el portal sí estaba accesible nuevamente. Para Miranda, este vaivén deja interrogantes sin resolver: “Si está en la lista de bloqueados desde hace años o desde octubre, ¿por qué hoy sí se puede ingresar? ¿Por qué justo cuando había escándalo no se podía?”.Ante la falta de una explicación unificada, Miranda pidió claridad sobre los criterios para determinar qué páginas se bloquean en Colombia y quién tiene la potestad final para ordenar dichas restricciones. Explicó que tanto la Policía como Coljuegos pueden solicitar bloqueos por motivos específicos —como apuestas ilegales o pornografía infantil—, pero que es el MinTIC quien ejecuta la instrucción. Su preocupación, dijo, es que estas figuras del Estado, subordinadas al gobierno nacional, puedan ser usadas con fines políticos.“Me preocuparía encontrar medios nacionales bloqueados por cuestionar al Gobierno”, concluyó.
Para que la moción de censura prospere, se necesitan 21 votos. La congresista Miranda afirmó que cree que superará esa cifra, basando su optimismo en la "molestia grande" que existe al interior del Congreso.La representante apeló directamente a la coherencia de algunos miembros del Pacto Histórico, recordando que hace unos años estos mismos congresistas apoyaron la moción contra el exministro Botero. Aunque prefirió no revelar nombres, Miranda señaló que la doble moral que, a su juicio, está manejando el presidente Gustavo Petro, ha generado un profundo malestar interno; la representante reveló que ha enviado mensajes por redes sociales a Iván Cepeda, un activo crítico de los bombardeos en el gobierno anterior, pidiéndole que se unan para llevar la denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI). La congresista refutó directamente la afirmación del ministro de que, si los menores reclutados tienen más de 12 años, se convierten en "combatientes ilegales en armas y en consecuencia blancos legítimos de no son combatientes". El derecho internacional humanitario y el Comité Internacional de la Cruz Roja son "absolutamente claros" al establecer que incluso un niño reclutado que porte armas o participe en hostilidades sigue siendo fundamentales como el de distinción (si existe duda sobre la presencia de civiles, el ataque no puede realizarse), precaución y proporcionalidad.Bombardeos con menores víctimas: Guaviare y AmazonasMiranda recordó otro caso preocupante: el bombardeo del 1 de octubre en el Amazonas.En el caso del Amazonas, inicialmente se informó la "neutralización" de cuatro de los principios del DIH. En total, Miranda estima que ha habido ocho bombardeos por parte del gobierno durante este año y un cálculo de unos 18 bombardeos en los tres años de la fallida paz total" que ha tardado en implementar ofensivas.Las cifras de reclutamiento forzado son alarmantes: si bien en 2022 el registro era de 30 menores. Finalmente, la congresista puso el foco en el accionar negligente contra el ELN. Denunció que el Catatumbo (Norte de Santander) es el tercer departamento con más reclutamiento armado en este momento, pero nada" hace más de dos meses.Este debate no solo busca la remoción del ministro de Defensa, sino que pone en tela de juicio el respeto por los protocolos de protección a la niñez establecidos incluso por este mismo gobierno.
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.
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El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables."La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables".Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".El ministro indicó que la justicia francesa ha lanzado un procedimiento y también actuará.Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.
La Unidad para las Víctimas lanzó una alerta a nivel nacional por posibles estafas dirigidas a personas afectadas por el conflicto armado. Según la entidad, se han conocido denuncias de ciudadanos que recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp de personas que prometen gestionar indemnizaciones administrativas o desbloquear ayudas humanitarias a cambio de dinero.La alerta se activó luego de conocer algunas denuncias en las que los responsables habrían utilizado el nombre y la imagen de la entidad para generar confianza entre las víctimas y solicitar pagos o información personal.En uno de los casos reportados, una persona habría exigido 300.000 pesos para autorizar el desembolso de unas ayudas. En otro, se habría solicitado dinero para acelerar el trámite de una indemnización. También se conoció una situación en la que pidieron datos personales con el argumento de gestionar la entrega de estos recursos.De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, los responsables utilizan expresiones como “ayuda congelada”, “pago bloqueado”, “desembolso retenido” o “indemnización pendiente de autorización” para convencer a las personas de que deben realizar un pago y así recibir los recursos.En algunos casos, los contactos utilizan perfiles de WhatsApp con fotografías, logotipos de la entidad y documentos que aparentan ser oficiales. Sin embargo, la institución advirtió que estos elementos no demuestran que quien escribe o llama sea realmente un funcionario.La entidad recordó que ningún funcionario, intermediario o particular puede cobrar por reconocer, priorizar, agilizar o entregar una indemnización administrativa o una ayuda humanitaria.Ante estos casos, la entidad pidió a la población no realizar transferencias, consignaciones, giros ni pagos en efectivo para supuestamente liberar recursos o acelerar trámites.También recomendó no entregar copias de la cédula, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas a personas cuya identidad no haya sido confirmada.La entidad insistió en que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, pidió a las víctimas del conflicto armado desconfiar de cualquier persona que prometa garantizar o acelerar el pago de una indemnización a cambio de dinero.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:El Gobierno comenzó a ejecutar el plan para cubrir las deudas de Air-e y evitar una crisis financiera en el sistema eléctrico del Caribe. En las últimas horas fueron pagados otros $300.000 millones a empresas del sector, con lo que ya se han desembolsado cerca de $600.000 millones de los $1,5 billones prometidos. La siguiente factura corresponde a los consumos de octubre y será presentada durante la próxima semana.El ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados muertos y cerca de 50 heridos. Las autoridades señalaron que los artefactos cargados con explosivos impactaron varias veces las instalaciones, mientras la Defensoría advirtió que el sur de Bolívar ya acumulaba 22 emergencias humanitarias entre mayo y septiembre. La zona enfrenta además disputas entre el ELN, disidencias y estructuras criminales por el control territorial.Las autoridades investigan si un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia intentó interferir en las elecciones presidenciales y acceder a información sensible de la Registraduría. Carlos Andrés Oyola también es investigado por posibles accesos a archivos de inteligencia y por una eventual venta de información a terceros. Paralelamente, la Fiscalía lo imputó por una red que habría alterado 41 calificaciones y más de $35 millones en matrículas de la UNAD para obtener títulos académicos.Un grave accidente en la vía Buga-Buenaventura dejó varias personas muertas y obligó al cierre de la carretera. El choque ocurrió dentro de uno de los túneles del sector Los Naranjos, en Dagua, e involucró un bus intermunicipal y un camión tipo niñera. Los organismos de emergencia atendieron a los heridos mientras las autoridades iniciaron la investigación para establecer las causas del siniestro.El Gobierno detalló dónde buscará los recortes para completar el ajuste fiscal de $45 billones. Entre los gastos que serán revisados aparecen recursos destinados a empresas mixtas, fondos especiales, estudios y programas que podrían financiarse con ingresos propios, mientras salud, educación y transferencias constitucionales quedarían protegidas. También se anticipó una futura revisión del esquema de subsidios de energía y gas y cambios en la devolución del IVA.Las autoridades investigan el homicidio de Ramsés Vargas, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado con una herida de arma de fuego en los cerros orientales de Bogotá. María Paula Morera, quien era su pareja, contó que había hablado con él días antes de su muerte y aseguró que el joven no tenía enemigos conocidos. También señaló que la camioneta en la que se movilizaba desapareció y planteó, desde su percepción personal, que el crimen pudo haber sido planeado, una hipótesis que todavía debe ser esclarecida por los investigadores.Escuche el programa completo aquí: