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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria contra los fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en demoras injustificadas dentro del proceso penal que se adelanta contra Carlos Ramón González Merchán, señalado como uno de los principales articuladores del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según el documento oficial del alto órgano disciplinario, se ordenó abrir investigación contra “los doctores María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales 9° y 11° delegados ante la Corte Suprema de Justicia, respectivamente”, tras advertirse posibles irregularidades en la conducción del proceso. La decisión se produjo a partir de una denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos, quien cuestionó la actuación de los funcionarios judiciales.
De acuerdo con el denunciante, los fiscales habrían incurrido en una “mora injustificada y deliberada” al retardar actuaciones clave dentro del proceso penal contra González Merchán. En particular, señaló demoras en la formulación de imputación, en la solicitud de medida de aseguramiento y en la gestión de la circular roja de Interpol, pese a que, según su criterio, desde el año 2024 existían suficientes elementos de juicio para avanzar de manera oportuna en estas diligencias dentro del caso de corrupción de la UNGRD.
La controversia alrededor del proceso se intensificó recientemente luego de que Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, fuera visto el jueves 11 de diciembre bailando y disfrutando de una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Nicaragua. La imagen del exalto funcionario en un evento público generó fuertes cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones judiciales para asegurar su comparecencia ante las autoridades colombianas.
González Merchán fue exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y durante años fue considerado uno de los políticos más cercanos al presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, habría actuado como coordinador del esquema de corrupción en la UNGRD, mediante el cual se habrían destinado recursos públicos para sobornar a congresistas a cambio de apoyo a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Desde el 5 de noviembre de 2024, González se encuentra en Nicaragua. Posteriormente, el 16 de diciembre de ese mismo año, le fue expedida una cédula de residencia en ese país, con vigencia hasta el 14 de junio de 2025. No obstante, tras la imputación en su contra por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, el encargado de negocios de la embajada envió una nota verbal solicitando la renovación de su estatus migratorio, en medio del proceso penal que se adelanta en Colombia.
Pese a que existe una solicitud de orden de captura en su contra, se conoció que González ya recibió asilo político en Nicaragua, una situación que ha dificultado su judicialización y que ha generado críticas sobre la respuesta institucional frente a uno de los casos de corrupción más importantes del actual gobierno.
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