La Fiscalía General de la Nación aseguró que Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias 'Teta', y Juan David Echavarría Zapata, alias 'Chuky', señalados como presuntos responsables del crimen de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que residía en Bello (Antioquia), no recuperarían la libertad pese a la preocupación surgida por un posible vencimiento de términos dentro del proceso que se adelanta en su contra.
El ente acusador explicó que en la investigación por este caso “la Fiscalía, dentro de los términos de ley, ha surtido sus actuaciones y acusó formalmente a estas dos personas”, por lo que el proceso continúa avanzando en etapa de juicio.
Según la entidad, un juez penal de conocimiento ya instaló la audiencia preparatoria de juicio y durante esa diligencia la Fiscalía presentó la totalidad del material probatorio recopilado durante la investigación, el cual fue admitido por el despacho judicial.
No obstante, la decisión fue apelada por las defensas de los procesados y será el Tribunal Superior de Antioquia el encargado de resolver el recurso. La Fiscalía precisó que, una vez la instancia superior emita su pronunciamiento, el juez podrá fijar la fecha para el inicio de las audiencias de juicio oral.
Además del proceso por el crimen de Sara Millerey, la Fiscalía informó que recientemente vinculó a Muñoz Gaviria y a Echavarría Zapata a una nueva investigación por el delito de concierto para delinquir, al considerarlos presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como “El Mesa”. La imputación por este caso se realizó el pasado 22 de mayo.
A Juan David Echavarría Zapata también le fue formulado un cargo por homicidio relacionado con un crimen ocurrido en abril de 2020 en el municipio de Bello, Antioquia. Como consecuencia de esa nueva actuación judicial, Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, situación que mantiene vigente su privación de la libertad mientras avanzan las investigaciones.
Por su parte, la Fiscalía indicó que Juan Camilo Muñoz Gaviria continuará recluido en un establecimiento penitenciario debido a que cumple una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión, circunstancia que también impide su salida de la cárcel.
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