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Sigue la lluvia de demandas y tutelas contra el decreto de la emergencia económica en la Corte Constitucional. La última viene por parte de un amplio grupo de congresistas, quienes piden a la Corte suspenderlo provisionalmente y tumbar el decreto.
Según el documento, el decreto incumple los requisitos formales exigidos por la Constitución porque fue firmado por un ministro cuyo nombramiento estaba suspendido por el Consejo de Estado (Juan Carlos Florián, MinIgualdad) y por una ministra encargada cuyo encargo ya había vencido (Irene Vélez), lo que, a juicio de los intervinientes, invalida el acto administrativo al no estar suscrito por todos los ministros legalmente habilitados.
En el fondo del debate, los congresistas sostienen que el decreto no cumple los requisitos materiales para declarar un estado de emergencia, ya que los hechos invocados por el Gobierno, como la crisis fiscal, el incremento de la UPC en salud y la no aprobación de reformas tributarias.
El escrito argumenta que muchos de estos escenarios son estructurales, previsibles o resultado de decisiones del propio Gobierno nacional, y que otros corresponden a situaciones que deben ser tramitadas por vías ordinarias, como el ajuste presupuestal o el trámite legislativo en el Congreso.
Por esa razón, los congresistas le piden a la Corte Constitucional ordenar la suspensión provisional del decreto, al considerar que su aplicación permitiría el recaudo de nuevos tributos que, incluso si el decreto es declarado inexequible posteriormente, serían difíciles o imposibles de devolver, especialmente en el caso de impuestos indirectos.
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