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La Corte Suprema de Justicia no tomó una decisión este viernes sobre la ley que debe cobijar el caso del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos.
En medio de sala extraordinaria convocada por el alto tribunal en la que se inició la discusión sobre el estudio de tema y la competencia sobre el proceso contra el exsenador, el magistrado Luis Hernández presentó un impedimento, que fue aceptado por la Corte porque conoció en un principio el caso.
La ponencia estaría encaminada a que el caso del expresidente avance bajo el sistema penal acusatorio, es decir por la Ley 906.
La juez 30 de control de garantías fue la que pidió a la Corte Suprema definir si el caso se debe tramitar por la Ley 600 o por la Ley 906. En caso de que se defina que se debe tramitar por el nuevo sistema penal acusatorio, la juez entrará a resolver la petición de libertad de Uribe y el caso, dicen algunos juristas, debería volver a su etapa inicial.
La Corte debe definir si el caso contra el expresidente por manipulación de testigos debe ir por ese sistema actual (Ley 906) o por la Ley 600, que es por la que venía siendo investigado en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Algunos juristas explican que si queda en la Ley 600, se podrían tener en cuenta las pruebas y todas las actuaciones de la Corte y entrar a evaluar si se llama o no a juicio. Por su parte, si queda en Ley 906, la Fiscalía tendría que empezar de cero a recopilar pruebas para evaluar si imputa o no cargos a Uribe.
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El caso de Uribe en este momento lo tramita un juez ordinario porque la Corte Suprema lo remitió al perder la competencia cuando el expresidente renunció al Congreso.
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