La Fiscalía General de la Nación solicitó prorrogar la medida de aseguramiento impuesta contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque la medida continúa vigente en Colombia, no ha podido hacerse efectiva debido al asilo político que le fue concedido por Nicaragua.
Durante la audiencia, la fiscal del caso explicó que la medida de aseguramiento vencería en julio y sustentó la necesidad de extenderla por la gravedad de los delitos atribuidos al exfuncionario. En ese sentido afirmó que “el delito de cohecho por dar u ofrecer, el peculado por apropiación agravado en favor de terceros y el lavado de activos superan el umbral establecido para que proceda la detención preventiva (…) y comprometen la integridad de las instituciones encargadas de la función legislativa y desvían recursos públicos destinados a la atención de desastres naturales para fines ilícitos, lo que comporta un fenómeno de desinstitucionalización del Estado”.
La Fiscalía investiga a González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, dentro de las actuaciones que buscan esclarecer la presunta desviación de recursos públicos de la UNGRD. Según el ente acusador, el exdirector del Dapre habría tenido un papel central en la presunta articulación política relacionada con la entrega de contratos y recursos a cambio de apoyos en el Congreso.
El proceso tomó relevancia tras el asilo político concedido por Nicaragua, decisión adoptada bajo el argumento de una supuesta persecución política y judicial relacionada con su trayectoria en la izquierda colombiana, su cercanía con el presidente Gustavo Petro y sus antecedentes como integrante del M-19. Esta situación ha dificultado la ejecución de la orden de captura y las gestiones para lograr su comparecencia ante la justicia colombiana.
En la audiencia también se abordó la situación de la notificación roja de Interpol. La fiscal explicó que “el 3 de abril del año que cursa se solicitó por la Fiscalía una nueva expedición de circular roja, recibiéndose respuesta el 7 de abril por parte de Interpol, en la cual señalaban que el requerido había solicitado a la comisión de ficheros de Interpol el retiro de la circular roja, y que la Secretaría General de Interpol procedería a su eliminación”.
La representante del ente acusador sostuvo que la asistencia virtual del exfuncionario a las diligencias no garantiza su sometimiento a la justicia colombiana. Al respecto aseguró que “a pesar de tener pleno conocimiento de la existencia de una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y la consecuente orden de captura, sin ningún reparo, sin ningún respeto por la judicatura, el señor González asistió virtualmente a la audiencia de acusación, vislumbrándose claramente que no es la pretensión de Carlos Ramón González sujetarse al cumplimiento de la pena que se llegare a imponer en su contra”, argumento con el que respaldó la solicitud de prorrogar la medida privativa de la libertad.
Para la defensa del exdirector, en cabeza del abogado Iván Cancino, no hubo sustentos nuevos para prorrogar esta solicitud, destacando además que Carlos Ramón ya no está en Colombia para continuar siendo un peligro para la sociedad. Además, destacó su comparecencia virtual y su asilo político: “No es prófugo, sino asilado político, ya que salió del país y solicitó asilo antes de cualquier medida de aseguramiento, por lo que no puede exigírsele comparecencia presencial en esta etapa”.
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