Las declaraciones entregadas por la exfiscal Lucy Laborde a la revista Semana abrieron nuevos cuestionamientos alrededor del proceso que involucra a los exinvestigadores Víctor Forero y Juan Camilo López, vinculados a una investigación por presuntas irregularidades en informes de policía judicial relacionados con alias ‘Pacho Malo’.
Según Laborde, la captura de los investigadores afectó el desarrollo de las indagaciones que adelantaba contra Nicolás Petro, hijo del expresidente.
La exfiscal sostuvo que se quedó sin investigadores luego de las capturas y aseguró que en dos reuniones previas se habló de la planeación y posterior ejecución de los procedimientos. Según su versión, en esos encuentros le solicitaron un documento ejecutivo sobre la cantidad de informes elaborados por los investigadores. Laborde manifestó que no participó en la decisión de capturarlos y consideró que esta actuación pudo tener como propósito afectar el proceso que estaba adelantando.
En particular, la exfiscal señaló que, hasta ese momento, se encontraba identificando investigaciones y documentos elaborados por los funcionarios, por lo que consideraba relevante su permanencia en el despacho. También afirmó que, según su apreciación, la fiscal general Luz Adriana Camargo habría ordenado desarrollar las capturas con prontitud.
Frente a estas declaraciones, el abogado Juan Felipe Criollo, defensor de Juan Camilo López, cuestionó la forma en que se habría desarrollado la actuación de la Fiscalía. “No es normal que se convoque a unos fiscales para una reunión sobre un caso de Nicolás Petro, cuando los hechos investigados en contra de los investigadores supuestamente eran unos relacionados con el año 2021 y con el señor alias ‘Pacho Malo’”, afirmó.
El abogado agregó que existen reparos frente al comportamiento mencionado por Laborde, aunque señaló que su defensa mantiene el respeto por la presunción de inocencia y pidió que los hechos sean investigados. “Lo que sí vamos a exigir es que se investigue y se llegue hasta el fondo de esta situación”, manifestó.
Publicidad
Las declaraciones también se conocen en medio de una solicitud de investigación presentada contra la fiscal general Luz Adriana Camargo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La Red de Veedurías Ciudadanas pidió que se indague a la funcionaria por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.
Sobre esta actuación, la defensa de López indicó que analiza la posibilidad de intervenir dentro del proceso. “No vamos a generar desgastes presentando más denuncias, pero sí estamos evaluando a ser parte de esa denuncia como parte civil del proceso o como víctima en la legislación actual”, señaló Criollo.
Mientras tanto, el proceso contra los exinvestigadores continúa. La defensa confirmó que esta semana está prevista una audiencia de continuación de acusación y aseguró que presentará sus argumentos para controvertir la tesis de la Fiscalía.
Publicidad
Criollo sostuvo que la defensa considera que existen elementos para cuestionar la hipótesis de la acusación y afirmó “Estamos convencidos de que existe la prueba suficiente, motivos suficientes de demostrar que la tesis de la Fiscalía no tiene el grado de certeza de que no existió una conducta desvalorada ni reprochable por parte de estos investigadores”.
El abogado también señaló que cuentan con elementos que, según su interpretación, permitirían discutir una posible manipulación de testigos. Aclaró que no atribuye esa actuación a la Fiscalía, sino a personas que tendrían interés en el proceso.
Además, cuestionó que los investigadores hubieran sido llamados inicialmente a interrogatorio y que, según dijo, en esa diligencia se les habría manifestado que no existían mayores elementos distintos de algunas noticias periodísticas. “Pero no los vuelven a llamar, simplemente proceden a la captura”, afirmó.
La defensa mantiene así su tesis de que la investigación contra los exfuncionarios podría estar relacionada con una retaliación por el trabajo que adelantaban, mientras el proceso judicial deberá establecer la responsabilidad de los procesados y la validez de los elementos de prueba presentados por las partes.