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Volvió al centro del debate el tema de la Ley de Cuotas en los cargos del Estado. Ahora, la Defensoría del Pueblo le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia.
De acuerdo con la intervención presentada por la Defensoría, con la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia y el ingreso de Montealegre, el gabinete nacional quedó conformado por 10 hombres y 9 mujeres, cifra que incumple el mínimo legal de 10 ministras, equivalente al 50 % más uno en un gabinete de 19 carteras.
La Defensoría recordó que el 17 de junio de 2025 envió una carta al presidente Petro advirtiendo sobre el incumplimiento de la norma, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta de fondo.
Para la entidad, mantener un gabinete en el que las mujeres representan solo el 45 % constituye una vulneración al principio de igualdad material y a los compromisos internacionales de Colombia en materia de equidad de género.
En la demanda, la entidad también solicitó una medida cautelar para suspender provisionalmente el decreto que nombró a Montealegre, mientras el Tribunal decide de fondo la legalidad del acto.
Argumenta la Defensoría que permitir que el funcionario siga en el cargo, pese a la posible ilegalidad de su designación, consolidaría una situación discriminatoria contraria a la Constitución.
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La Defensoría citó, además, precedentes judiciales, como la decisión del Consejo de Estado en 2022, que anuló el nombramiento de un ministro de Defensa por incumplir la cuota de género vigente entonces, como sustento para pedir la nulidad del decreto.
“Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, hacer un nuevo nombramiento que cumpla con lo enunciado en la Ley de Cuotas, que exige un mínimo del 50 % de participación femenina en los cargos decisorios de los ministerios”, se lee en el concepto.
Con este pronunciamiento, la entidad busca que el Gobierno cumpla estrictamente la Ley de Cuotas, fortalecida en 2024 para garantizar que al menos la mitad de los ministerios sean ocupados por mujeres, consolidando así la democracia paritaria en Colombia.
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