Pocas horas después de que se conociera que el presidente Gustavo Petro firmó el “decretazo” para la consulta popular, el Ministerio de Justicia —que quedará en cabeza de Eduardo Montealegre una vez se posesione— citó a una rueda de prensa para explicar los alcances de ese decreto.
Allí, Montealegre hizo una férrea defensa de la decisión, asegurando que el fundamento principal del presidente para convocar la consulta popular por decreto es que “el Congreso de la República violó en forma abierta la Constitución colombiana al rendir concepto desfavorable a la consulta”, aseguró.
El ministro de Justicia designado leyó un comunicado en el que expuso lo que el Gobierno considera irregularidades sustanciales que comprometen la validez de la decisión adoptada por el Legislativo.
Una de ellas es “la omisión en la lectura de la proposición sometida a votación, lo que vulneró principios fundamentales como la deliberación pública, la legalidad y la publicidad”.
Expuso, además, que hubo un “cierre arbitrario de la votación apenas 2 minutos y 54 segundos después de su inicio, impidiendo la participación de senadores debidamente registrados”.
Montealegre también aseguró que no existe ninguna prohibición y que no es inconstitucional que los ministros encargados hayan firmado el decreto.
Frente a las acciones legales que varios sectores anunciaron que tomarán contra los ministros por firmar dicho decreto, Montealegre afirmó: “Es una afirmación temeraria del señor Gómez Méndez —refiriéndose al exfiscal—, porque ni siquiera se ha leído el decreto y ya está anunciando que hay prevaricato. Es una afirmación falsa, un disparate y una amenaza contra los ministros, que no fue tomada en cuenta por la Presidencia”.
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