El debate sobre el decreto que fijó este viernes, 19 de abril,día cívico para entidades nacionales adscritas a la rama ejecutiva se traslada ahora al campo legal.
El abogado constitucionalista Germán Calderón España demandó el decreto 0500 del 18 de abril de 2024 al considerar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene la competencia para hacerlo, pues debería modificarse la Ley 51 de 1983 que fue expedida por el Congreso de la República.
“No puede implementarse un día festivo de carácter civil (día cívico) o religioso por decreto, pues es de reserva legal. si se hace, se viola el principio de legalidad”, sostuvo el abogado relacionando determinaciones previas del Consejo de Estado sobre los límites, las competencias y las reglas de juego de las autoridades y los organismos del Estado.
Añadió que, desde el 2011 se estableció, mediante la ley 1437, que: "Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso”.
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Bajo esos términos, la demanda solicitó al Consejo de Estado la "nulidad simple" del decreto 0500 del 18 de abril y que se expidan medidas cautelares para la “suspensión provisional de los efectos jurídicos, con carácter urgente”, hasta que la magistratura decida sobre la legalidad del decreto.
La demanda fue instaurada contra la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, del Trabajo, de Minas y Energía, del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional.
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