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Día clave para excanciller Álvaro Leyva: Procuraduría lee fallo por caso pasaportes

La Procuraduría formuló cargos contra Leyva por declarar desierta la licitación a favor de la empresa Thomas Greg & Sons.

El canciller Álvaro Leyva se refiere al expresidente Juan Manuel Santos
Álvaro Leyva
Foto: AFP

Hoy, martes 12 de noviembre, desde las 9 de la mañana, se llevará a cabo la lectura del fallo en el juicio disciplinario contra el excanciller Álvaro Leyva Durán. La audiencia tendrá lugar en la Sala de Audiencias del cuarto piso de la torre A de la Procuraduría.

El proceso disciplinario abierto contra Leyva se centra en las irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en 2023. La diligencia, inicialmente programada para el 5 de noviembre, fue reprogramada a petición de la defensa.

El 24 de enero, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Leyva Durán por sus actuaciones irregulares en la licitación del contrato para la expedición de pasaportes, lo que llevó a su suspensión del cargo. Nueve meses después, se conocerá la decisión final, que determinará si es absuelto o sancionado.

>>> Lea también: Canciller por trámite de pasaporte: "Ya pueden agendar a cualquier hora del día"

Durante el juicio, se escucharon varios testigos y se presentaron numerosas pruebas documentales que apuntan a la posible actuación irregular del exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro. Leyva, en su defensa, rindió versión libre de los hechos y justificó sus actuaciones.

Siga en vivo la lectura del fallo contra Álvaro Leyva

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La Procuraduría formuló cargos contra Leyva por declarar desierta la licitación a favor de la empresa Thomas Greg & Sons, a pesar de las advertencias y observaciones. Esta decisión generó polémica y afectó la operación para la expedición de pasaportes, revelando improvisaciones en los planes de transición contractual del Gobierno Petro.

La Procuraduría advirtió que Leyva incurrió en faltas disciplinarias gravísimas al declarar desierta la licitación sin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, transgrediendo los principios de la contratación estatal. Leyva, por su parte, afirmó que actuó de buena fe y que sus resoluciones estuvieron motivadas conforme a la ley y la jurisprudencia, pensando en los derechos de los ciudadanos y aplicando principios de interés general, económico, transparencia y responsabilidad.

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