Directora administrativa y contratistas de la JEP se declararon inocentes

En la audiencia, el fiscal del caso les imputó cargos a July Milena Henríquez y Luis Ernesto Caicedo, los contratistas, quienes, según la investigación, sin poder hacerlo, autorizaron la salida del país de los exguerrilleros Fernando Arellán y Pastor Alape, el pasado 2 de abril.Vea también Inicia imputación de cargos contra directora administrativa de la JEP La Fiscalía aseguró que ambos incurrieron en abuso de función pública y falsedad ideológica en documento público pues, al parecer, aunque en las actas autorizaban la salida del país de los exguerrilleros y el documento tenía la firma del exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, este no lo hizo a consentimiento y, por eso, él mismo denunció ante la Fiscalía.Segundo caso: Martha Lucía ZamoraPor esos hechos, la Fiscalía ordenó interceptar los números de los contratistas y llegó a Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la jurisdicción.La Fiscalía reveló una llamada entre la exfiscal y July, en la cual, supuestamente, le da instrucciones para que hable con los abogados de los excombatientes y les diga que presenten un documento en el que sustente que, por trabajo, se encuentran en algún lugar del país. El propósito es “bajarle el tono a esto”.Según la Fiscalía, esta llamada se da horas después de salida la noticia de que no se conocía el paradero de algunos exjefes de las Farc.Este es el audio: Días después, dijo el fiscal del caso, Majer Abushihab dice que aparece un documento en el que el excombatiente Fabián Ramírez, de quien también se desconocía su paradero, dice que por cuestiones de trabajo se encuentra en varias zonas del país.“Idéntica coincidencia entre los coordinadores entre las indiciadas y lo presentado por Fabián Ramírez”, leyó el fiscal.Sin embargo, Zamora y los dos contratistas se declararon inocentes de los delitos imputados: July Milena Henríquez, abuso y asesoramiento y otras actuaciones ilegales; Marta Lucía Zamora, asesoramiento y perturbación de actos oficiales, y Luis Caicedo, abuso de la función pública.