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La Corte Constitucional reafirmó que el servicio educativo no puede financiarse con los recursos del sistema de salud, en respuesta a una tutela que presentó la madre de un menor con incapacidad. Ella le solicitó a su EPS asumir el costo de la matrícula en una institución educativa especializada.
La sala tercera de revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, reiteró que el acceso de las personas con necesidades educativas especiales al sistema educativo oficial se da con cargo a los recursos de la entidad o entidades territoriales certificadas en educación que tienen competencia sobre el asunto.
En ese sentido, la sala concluyó que “el sector salud no es el responsable de financiar la educación del menor por ser ello competencia de la Secretaría de Educación del lugar donde vive, como representante del sistema educativo oficial en este proceso”.
Aunque la Corte negó las pretensiones de la madre, le dio 48 horas a la Secretaría de Educación del municipio donde habita para que gestione la matrícula en el sistema educativo oficial.
Así mismo, en articulación con el sector salud, deberá establecer el diagnóstico y proceso de atención pertinente para el menor, es decir, si requiere de educación en institución especializada o educación inclusiva en institución regular.
La corte también le pidió a la EPS para que, en coordinación con el sector educación, pueda establecer de forma expedita el diagnóstico claro y completo sobre las necesidades educativas que presenta el menor actualmente.
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