La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos acuerdos de solución amistosa alcanzados entre el Estado colombiano y familias víctimas del conflicto armado, en los que el país reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y se comprometió a adoptar medidas de reparación integral.
El primer caso corresponde al asesinato, en marzo de 2003, de una adolescente de 15 años y de su hijo de nueve meses. La joven fue a una cita con el padre biológico del bebé, Ermen Núñez Martínez, quien supuestamente le entregaría dinero para su manutención. Al día siguiente, ambos fueron encontrados muertos y calcinados en Soledad, Atlántico.
Las necropsias establecieron que la adolescente murió por un impacto de bala y el menor por asfixia y las investigaciones señalaron que el crimen habría sido ordenado por el padre del niño y ejecutado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Estado reconoció su responsabilidad internacional por las graves fallas en la investigación, marcada por la pérdida de pruebas, la destrucción del expediente en un incendio, la prescripción de algunos cargos y la falta de protección para la familia, pese a las amenazas denunciadas. Como parte del acuerdo, entregó una placa conmemorativa a los familiares y asumió medidas de justicia, satisfacción y reparación.
El segundo acuerdo corresponde al caso de Martha Lucía González Rodríguez, quien fue perseguida por su labor como jueza de orden público tras investigar las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Las decisiones judiciales que adoptó contra narcotraficantes, paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas desencadenaron amenazas que la obligaron a exiliarse. Meses después, en 1989, su padre, Álvaro González Santana, fue asesinado en Bogotá en represalia por su trabajo.
La investigación de ese crimen estuvo marcada por irregularidades y permaneció sin avances significativos durante décadas. Además, Martha González y su familia continuaron siendo víctimas de amenazas y atentados, lo que prolongó su exilio y evidenció la falta de protección estatal. El acuerdo contempla una indemnización económica, trece medidas de satisfacción, entre ellas un homenaje a la jueza y la postulación de Martha González a un premio internacional de paz, así como el compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.
La CIDH destacó que ambos acuerdos representan un avance hacia la justicia restaurativa y la reparación integral de las víctimas, al considerar que contribuyen a reconstruir el tejido social y fortalecer una cultura de paz. Asimismo, resaltó la disposición del Estado colombiano para resolver este tipo de casos mediante el mecanismo de solución amistosa y anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos.
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