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Estos son los investigados en el caso de la red de corrupción de la Procuraduría

Al parecer, las huellas de algunos de los funcionarios fueron encontradas en acetatos en donde reposaban procesos que nada tenían que ver con sus funciones.

Sede de la Procuraduría en Bogotá // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación
Sede de la Procuraduría en Bogotá // Foto: Facebook Procuraduría General de la Nación

BLU Radio conoció los nombres de los abogados y funcionarios de la Procuraduría que están siendo investigados en el caso de la supuesta red de corrupción dentro del organismo de control disciplinario, por el cual fue capturado el abogado sustanciador Jesús Alejandro Garzón Rincón.

Se trata de los funcionarios de la Procuraduría John Edward Valdez, Cesar Díaz y Kevin Andrés Amado, este último ya tiene un proceso penal por destrucción de documentación pública porque, al parecer, dañó en una máquina picadora documentación completa que debería estar dentro de los procesos de la Procuraduría.

Por otra parte, según fuentes de BLU Radio, John Edward Valdez y Cesar Díaz están siendo investigados porque aparecen en un video ingresando a la oficina del sustanciador detenido Jesús Alejandro Garzón y ahí, según Nasly Teresa Hoyos, procuradora auxiliar para asuntos disciplinarios y denunciante de los hechos, los vio contando dinero.

Al parecer, las huellas de algunos de los funcionarios fueron encontradas en acetatos en donde reposaban procesos que nada tenían que ver con sus funciones.

Por otro lado, también están investigando a los abogados Carlos Arturo Rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas quienes, al parecer, fueron los encargados de extorsionar al senador Richard Aguilar , a quien le pidieron 300 millones de pesos para favorecerlo en un proceso disciplinario.

Finalmente, el ente acusador también tiene en la mira a Aura Matilde Garzón, hermana del sustanciador detenido y quien, al parecer, habría ayudado a instaurar una acción de tutela a un mayor de la Policía a quien Jesús Alejandro Garzón “habría inducido a dar la suma exigida (5 millones de pesos) para la elaboración de la tutela”.

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