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La Fiscalía imputó cargos al exdirector del Inpec general Gustavo Adolfo Ricaurte como presunto responsable del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Sin embargo, el general Ricaurte se declaró inocente de los hechos.
Según la investigación, el 28 de mayo de 2011 el entonces director del INPEC celebró el convenio interinstitucional 074 con la Corporación Universitaria Ideas que tenía como objeto dictar la carrera de derecho a la población privada de la libertad en la cárcel Picota de Bogotá. Gracias al convenio, muchos exparamilitares lograron graduarse como abogados.
Dicen investigadores que el general no habría tenido en cuenta los parámetros definidos por la ley de contratación pública ni el Manual de Contratación del INPEC.
La Fiscalía tendría pruebas de que faltaron los estudios previos que justificaran la necesidad para firmar y ejecutar el proyecto y de que no publicaron el convenio en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
El convenio tendría como objeto un programa de capacitación superior presencial ofertado por la Facultad de Derecho de la Corporación Ideas y para cumplir con esta iniciativa, las partes debían gestionar un permiso especial ante el Ministerio de Educación Nacional que, al parecer, tampoco se realizó.
Finalmente, los investigadores aseguran que la institución educativa no tenía aval para desarrollar programas de formación fuera de las instalaciones físicas y aun así, avanzó con el plan académico y les concedió título a varios internos.
El general Ricaurte enfrentará su juicio en libertad.
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