La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, por su presunta participación en la aprobación irregular de un acuerdo conciliatorio que permitió la comercialización de dos predios de propiedad estatal conocidos como Cuba y Casablanca.
Los terrenos objeto de la investigación están ubicados en la vía que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, y su venta directa habría sido autorizada mediante un acuerdo conciliatorio que, según las autoridades, se aprobó desconociendo restricciones legales vigentes sobre los bienes.
En el marco de este proceso, los tres funcionarios serán acusados por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravados, en concurso heterogéneo, conductas que, según la Fiscalía, se habrían configurado durante el trámite y aprobación del acuerdo que permitió la comercialización de los predios estatales.
De acuerdo con las evidencias recopiladas por el ente acusador, los hechos investigados ocurrieron entre los años 2009 y 2010, periodo en el cual los funcionarios habrían avalado un acuerdo que dio vía libre a la venta directa de los terrenos, sin tener en cuenta que ambos predios estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
Según la investigación, la transacción realizada en ese momento ascendió aproximadamente a 3.500 millones de pesos, valor que resultaba considerablemente inferior al precio real estimado de los predios, que superaba los 36.000 millones de pesos. Esta diferencia en el valor habría generado un impacto económico significativo en perjuicio del patrimonio público.
En ese sentido, la Fiscalía sostiene que la aprobación de la operación habría favorecido a particulares y generado un detrimento patrimonial cercano a los 20.000 millones de pesos en el caso del predio Casablanca. En cuanto al predio Cuba, la investigación indica que se habría configurado una tentativa de apropiación, debido a que el daño patrimonial no se consumó plenamente en este caso específico.
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