La Fiscalía General de la Nación afectó con fines de extinción de dominio 25 bienes que estarían relacionados con seis de los señalados involucrados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las medidas cautelares recaen sobre 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá y nueve departamentos, con un valor preliminar superior a los 20.000 millones de pesos.
La actuación hace parte de un frente investigativo puesto en marcha por la Fiscalía para identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados en el direccionamiento de contratos de la UNGRD y en la presunta desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
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Los bienes estarían relacionados con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Los activos están ubicados en Bogotá; Medellín, Antioquia; Montería, Córdoba; Pasto y Chachagüí, Nariño; Sopó y Tabio, Cundinamarca; Cúcuta, Norte de Santander; Villavicencio, Meta; Sabana de Torres, Santander, y Juan de Acosta, Atlántico.
De acuerdo con la Fiscalía, cuatro de los activos afectados estarían vinculados al exsenador Iván Name Vásquez. Estos se encuentran en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó. En uno de ellos, la medida cautelar recae exclusivamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería.
En el caso del expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas, fueron afectados cuatro inmuebles ubicados en Montería. A su vez, un inmueble localizado en Medellín estaría relacionado con Olmedo López, mientras que otro predio, ubicado en Sabana de Torres, estaría a nombre de Sneyder Pinilla. Un inmueble en Tabio haría parte del patrimonio del exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
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Entre tanto, siete bienes ubicados en Pasto y Chachagüí, en Nariño, y en Cúcuta, Norte de Santander, tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero. Dentro de estos activos se encuentran sociedades que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas para diferentes maniobras relacionadas con la contratación de la UNGRD y para dar tránsito a los dineros recibidos.