Fiscalía investiga 5 municipios por ejecución irregular de los ‘bonos de agua’

BLU Radio conoció en primicia que la Fiscalía investiga responsabilidades penales en la ejecución de los denominados ‘bonos de agua’ en cinco municipios del país que, según una denuncia interpuesta por el Ministerio de Vivienda, los mandatarios de la época no habrían desarrollado debidamente. Incluso, municipios que recibieron los créditos, pagaron intereses y no ejecutaron las obras. ¿Qué investigan? Según fuentes del proceso, fiscales expertos investigan el cambio en la destinación de los recursos que debían ser destinados a proyectos de agua potable; el no cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios, fijados por la autoridad competente, y sobre todo, la modificación o ejecución de contratos cuyo objeto no aseguren la prestación del servicio en las condiciones definidas por la autoridad vigente, no cumplan con los fines para los cuales están destinados los recursos o no aseguren el cumplimiento de las metas. Municipios y hechos investigados Según la denuncia que interpuso en el 2012 el Ministerio de Vivienda, en cinco municipios del país no se estaba ejecutando debidamente el mecanismo que hoy tiene en aprietos al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.El primero en la lista es Soacha, Cundinamarca, que adquirió un crédito por 18.000 millones de pesos en el 2010 y dos años después, las autoridades encontraron que se pagaron intereses, pero no se había ejecutado las obras. Vea también: Denuncian que concejales de Lebrija recibieron dinero por aprobar bonos de agua El segundo es La Gloria, César, que en diciembre del 2010 recibió 1.600 millones de pesos de crédito y las autoridades encontraron que, si bien en el momento en el que tramitó el crédito utilizando los 'bonos de agua' se disponía de unos diseños iniciales para los proyectos y para aplicar los recursos, “estos proyectos no contemplaron aspectos importantes para su ejecución como la disponibilidad de licencias ambientales, ni de servidumbres y predios, para la oportuna ejecución de las obras”. Entonces, aunque el crédito se desembolsó en marzo del 2011, un año más tarde las obras, que además incluyen recursos de regalías y otros del Sistema General de Participación, no estaban culminadas por causas como la no disponibilidad oportuna de las servidumbres y predios requeridos para su ejecución. Sigue en la lista Montelíbano, Córdoba, que en mayo del 2011 suscribió un contrato de crédito y recibió la suma de 2.990 millones de pesos y un año después, las autoridades revelaron que “no se evidenció una mejora en los indicadores de cobertura calidad y continuidad para los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo”. Vea también: Procuraduría y Contraloría ponen lupa sobre bonos estructurados por Carrasquilla Así las cosas, se tiene que a la fecha de la visita no se habían ejecutado las obras, no se han invertido la totalidad de los recursos y no obstante, desde hace más de un año se han pagado intereses. En cuarto lugar, aparece Jamundí, en el Valle del Cauca, que recibió aproximadamente 1.469 millones de pesos en el 2012 pero las autoridades encuentran que existen problemas con la propiedad de terrenos donde se realizarán las PTAR e, igualmente, problemas de servidumbres que de no solucionarse “requiere que un rediseño del sistema o se modifiquen los alcances de los contratos”.Vea también: El ministro de Hacienda está dando la cara: Duque defiende a Carrasquilla Finalmente, aparece en el quinto lugar Buenos Aires, Cauca, que adquirió a finales del 2011 cerca de 2.568 millones de pesos y un año más tarde, en la visita, “no se pudo verificar la funcionalidad de las obras contempladas bajo el empréstito ‘bonos de agua’ y adicionalmente, los funcionarios no ratificaron que exista buena prestación del servicio. El señor alcalde no le ha transferido lo correspondiente a subsidios tanto para el acueducto como para el alcantarillado”, dice el documento. Hay que recordar que este fue un mecanismo de financiación que se activó en el 2007con el que los municipios podían comprometer recursos del Sistema General de Participación para proyectos de agua potable y saneamiento. Mecanismo que unos años más tarde fracasó.