El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla respaldó públicamente una de las propuestas más polémicas anunciadas por el Gobierno de Gustavo Petro en su próxima reforma tributaria: aplicar el IVA a productos que actualmente están exentos. Durante una entrevista con Blu Radio, Carrasquilla aseguró que esa medida es “fiscalmente responsable” y necesaria para corregir el rumbo de las finanzas públicas del país.“Yo sí creo que es un componente fundamental”, respondió el exministro al ser consultado sobre si coincidía con la postura del presidente Petro. Según Carrasquilla, el Marco Fiscal de Mediano Plazo —documento base de la propuesta del Gobierno— “es muy claro en sugerir que en el año 2026, en orden a irnos acercando gradualmente a las metas de largo plazo, es indispensable esa reforma”.El exjefe de la cartera de Hacienda recordó que su propia reforma tributaria, presentada en 2021 durante el gobierno de Iván Duque, fue rechazada por amplios sectores sociales y políticos, incluidos los que hoy están en el poder. Aun así, insistió en que las condiciones estructurales del país no han cambiado: “Es muy difícil bajar el gasto en Colombia porque hay muchas rigideces”, dijo. Y detalló que el pago de intereses de la deuda, las pensiones y el Sistema General de Participaciones representan cerca de 13 puntos del PIB, sin contar otros compromisos del Estado.“Yo soy de la opinión que es necesario aumentar la base tributaria colombiana, que es relativamente chiquita respecto de países comparables y tiene una estructura muy desordenada”, subrayó Carrasquilla, quien fue ministro en los gobiernos de Álvaro Uribe y de Iván Duque.Sin embargo, reconoció que el panorama político no favorece una discusión tributaria de fondo en este momento: “Yo creo que es muy difícil. El ambiente no está para eso... quizás más adelante”. Aunque valoró técnicamente el marco fiscal presentado por el Gobierno, lo calificó de “optimista” respecto a la respuesta de los mercados ante el uso de la cláusula de escape de la regla fiscal.A pesar de ello, destacó como positiva la propuesta de crear una comisión de expertos que ayude a racionalizar la estructura del gasto público de cara al próximo gobierno: “Es definitivo que el 8 de agosto del año 2026 el nuevo Gobierno ya tenga una claridad muy meridiana, y esa comisión puede servir para adelantar mucho de ese trabajo”.Sobre la reforma laboralCarrasquilla también opinó sobre la reforma laboral aprobada recientemente, y fue enfático al afirmar que no aborda el principal problema del mercado laboral colombiano: la informalidad.“Es una reforma que está destinada a mejorarle las condiciones laborales a los trabajadores formales, que son la mitad de la fuerza del trabajo... pero no se ataca el problema de la informalidad de ninguna manera”, señaló.Recordó que desde 2016 ya advertía que una reforma laboral era urgente para el país, pero aseguró que la actual “es como si esa población no existiera”. A su juicio, centrarse en temas como los recargos laborales es quedarse en la superficie: “Eso es un problema muy chiquitico respecto de la situación real de la mitad de la población trabajadora de Colombia”.
El exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla solicitó al Consejo de Estado aclarar la sentencia que anuló su nombramiento en la junta directiva del Banco de la República. La designación de Carrasquilla, quien estaba en la junta como miembro de dedicación exclusiva en reemplazo de Carolina Soto, la tumbó el Consejo de Estado por vulneración de la ley de cuotasLa abogada Clara María González Zabala, apoderada de Carrasquilla, envió una solicitud de aclaración de la sentencia que declaró la nulidad del nombramiento del exministro como miembro de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República, con providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.El argumento del fallo para determinar la salida de Carrasquilla de la junta del Banco, trata sobre la llamada ley de cuotas, la cual asegura que la participación de las mujeres en los máximos niveles decisorios del Ejecutivo debe ser mínimo del 30%, es decir un mínimo de 2 mujeres con puesto en la junta del Banco de la República.Según el Consejo de Estado, Iván Duque debió nombrar a una mujer y no a Alberto Carrasquilla en 2021, para cumplir con la ley de cuotas que existe desde el año 2000.El exministro Carrasquilla reemplazó a Carolina Soto Losada, quien renunció porque su esposo, el actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se lanzó en aquel entonces a la Presidencia.Tras el polémico fallo proferido por la sección quinta del Consejo de Estado, que marcó la salida de Carrasquilla, a su reemplazo, el presidente Gustavo Petro nombró a Olga Lucía Acosta como nueva codirectora del Banco de la República.La junta del Banco de la República tiene 7 miembros; el gerente quien es nombrado por toda la junta, el ministro de Hacienda de turno, y los cinco miembros independientes, de los cuales dos son nombrados por el presidente; para cumplir con la ley de cuotas, debe haber dos mujeres en la junta, por eso la decisión del Consejo de Estado.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Este jueves, 24 de noviembre, el Consejo de Estado anuló el nombramiento del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en la junta directiva del Banco de la República. Según la entidad, el cargo no cumplía con el artículo 4 de la Ley 581 de 2000, más conocida como cuota de género, la cual busca que haya igualdad en los puestos de cargos públicos en el país.“La Sala encontró acreditado que tal nombramiento desconoció el artículo 4 de la Ley 581 de 2000, que establece la participación adecuada de la mujer en los máximos niveles decisorios en un mínimo del 30 % (cuota de género), además de otros postulados de rango convencional y constitucional que protegen el derecho a la igualdad”, explicó el Consejo de Estado por medio de un comunicado.En Noticias de la Mañana Blu, Juan Sebastián Moreno, quien interpuso la demanda ante el Consejo, habló sobre la nulidad del nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República.“Si bien el presidente tiene el poder de dar cargos tiene también que ser consciente que lo hace bajo la Ley. El Gobierno de Iván Duque debió respetar los reglamentos establecidos en la ley 581 de 2000 y equilibrar la balanza en el Banco de la Republica”, dijo.Según Moreno, aunque varias personas respalden el nombramiento de Carrasquilla, el Gobierno debe respetar la cuota de género en el Banco de la República.“Desde 1985 solo cuatro mujeres han estado en la junta directiva, el resto han sido hombres, un total del 35. Los exministros están en todo su derecho de respaldar a Carrasquilla, pero el Consejo de Estado es un órgano colégialo y que en últimas tuvieron las palabras. Él tuvo la oportunidad de defender, pero al final fue vencido”, aclaró.Además, Moreno aclaró que desde que Carrasquilla llegó al banco, hubo rechazo por su cargo por la polémica reforma tributaria que terminó en manifestaciones sociales.“Los miembros de la junta directiva del Banco de la Republica son elegidos para un periodo de cuatro años. La figura de Alberto Carrasquilla fue polémica por una reforma que generó un estallido social, cuando paso al Banco, hubo inconformidad en la población, pero hasta ahora se dio la sanción”, aseveró.Le puede interesar:
En un corto comunicado, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, lamentó la salida de la junta directiva del Banco de la República de Alberto Carrasquilla, luego de que el Consejo de Estado decidiera anular su nombramiento por no respetar la ley de cuotas.“Me enteré anoche con gran sorpresa de la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Alberto Carrasquilla como miembro de la junta. Las decisiones de la Justicia tienen que ser acatadas”, indicó el gerente Villar.Villar lamentó la decisión, según él, porque afecta el nombramiento de una persona cuya formación, experiencia e idoneidad para el cargo, son ampliamente reconocidas dentro y fuera del Banco de la República.“Agradezco enormemente los aportes del doctor Carrasquilla a la junta y al Consejo de Administración del Banco durante el periodo en que actuó como miembro de la institución, las cuales siempre se caracterizaron por su carácter constructivo y la profundidad de sus análisis”, enfatizó el gerente.Además, mencionó que en el tiempo en el que estuvo Carrasquilla en la junta ayudó a mantener un ambiente de “gran camaradería” y de comunicación fluida con el resto de los codirectores y el ministro de Hacienda, además de la administración y con los equipos técnicos del Banco. Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
El Consejo de Estado anuló el nombramiento del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como miembro de la junta directiva del Banco de la República por la ley de cuota de género.“La Sala encontró acreditado que tal nombramiento desconoció el artículo 4 de la Ley 581 de 2000, que establece la participación adecuada de la mujer en los máximos niveles decisorios en un mínimo del 30 % (cuota de género), además de otros postulados de rango convencional y constitucional que protegen el derecho a la igualdad”, señaló el Consejo de Estado en un comunicado. Y es que el Consejo de Estado consideró que al ser cinco los miembros de dedicación exclusiva, la cuota de género del 30 % se cumplía con dos mujeres, por lo que con la renuncia de Carolina Soto se debía nombrar a otra mujer.“Para proveer la falta absoluta ocasionada con la renuncia de Carolina Soto se debió nombrar una mujer, lo que no ocurrió, por el contrario, esos miembros quedaron integrados por cuatro hombres y una sola representante del género femenino”, agregó.“Para proveer la falta absoluta ocasionada con la renuncia de Carolina Soto se debió nombrar una mujer, lo que no ocurrió, por el contrario, esos miembros quedaron integrados por cuatro hombres y una sola representante del género femenino”, agregó.El Consejo de Estado también advirtió que contra los resuelto no procede ningún recurso. La Presidencia, a mediados de octubre, había solicitado desestimar la demanda que argumentaba la violación de ley de cuotas, señalando que, por Constitución, solo se le permite al Jefe de Estado de turno nombrar a dos integrantes de la junta directiva, por lo que la ley de cuotas no aplicaba a este organismo."La designación de los siete integrantes de la junta directiva del Banco de la República depende no de una sola persona o entidad, sino que obedece a la voluntad del presidente de la República, y de la junta directiva del Banco de la República que elige al gerente general como miembro. Se cumple lo previsto por la Corte en el sentido de que no es posible saber cuál es la autoridad que debe cumplir con la cuota. La Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas) es inaplicable", indicó la Presidencia.El nombramiento de Carrasquilla en el Banco de la República se hizo en el Gobierno de Iván Duque, tras la renuncia del Ministerio de Hacienda. Le puede interesar Escuche el podcast: Historias detrás de la historia
La senadora María Fernanda Cabal habló en Mañanas Blu sobre la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, así como de lo que espera del próximo gobierno y de la forma en que llevará a cabo tareas de oposición dentro y fuera del recinto congresional. Según la parlamentaria, lo que les espera a los colombianos en materia tributaria los hará extrañar al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.“Difícilmente creo que lleguemos a acuerdos. Ya están anunciando el aumento del impuesto al patrimonio, ya veremos la dosificación que nos harán en todas estas reformas que se harán, sobre todo la tributaria. Creo que van a extrañar a Carrasquilla”, sostuvo Cabal.Cabal aseguró que no disfraza realidades y que no tiene la capacidad de construir imaginarios como los que ofrece el presidente electo, a quién calificó de "mitómano que crea realidades paralelas y se cree sus mentiras para después comunicárselas a su público”.A pesar de sus duros calificativos, la congresista dijo que no vería ningún problema en aceptarle la invitación a tomar un café al presidente electo si él se lo propone. No obstante, aseguró que tiene una mala experiencia porque en una oportunidad no encontró señales de una respuesta efectiva cuando tuvieron un acercamiento en el Congreso."A tomar un café, no tengo por qué no hacerlo, porque eso no sería civilizado, pero no creo que lo haga. De las pocas veces que contacté con Petro fue cuando intenté sacar por todos los medios la reforma a la restitución de tierras, que creo que es una de las legislaciones más depredadoras, no contra los más ricos del campo, sino contra los más pobres. En esa ocasión, para que sepan, estuvimos en un pequeño comité en Zoom con Roy Barreras, Petro, Pacheco el de Justa y Libres y yo. En realidad, Petro entendió el tema, pero finalmente no lo acompañó políticamente. O sea, ellos son personas que nunca tranzan nada. Todas las conquistas que hacen en el Estado se hacen en normas pétreas, inamovibles, así vean que hacen daño a la gente", sostuvo Cabal.Le puede interesar: De acuerdo con María Fernanda Cabal, usará todos los medios a su alcance para hacer una oposición efectiva al gobierno del pacto Histórico y aseguró que en este papel se siente con mayor libertad, lanzando una dura crítica a la administración de Iván Duque.“Hay que usar todos los mecanismos que nos da el estatuto de oposición, no solo dentro, porque seguramente el pacto histórico y el gobierno presentarán proyectos de ley que son terriblemente nocivos para el país. Es hora de crear unas estructuras en las regiones para que todos estemos atentos y podamos saber qué opinar, qué controvertir y qué claridad dar dentro y fuera del Congreso, en la calle, en la presencia regional, los comités, lo que uno quiera conformar, con la gente que no se siente representada y que tiene miedo”, sostuvo.“Bastantes tragos amargos me tocó guardar en este gobierno que gobernó ajeno al legado del presidente Uribe y al partido. Creo que tenemos más libertad y cuando uno la tiene, se siente más feliz”, agregó la senadora.
En entrevista con Mañanas BLU, la senadora María Fernanda Cabal reveló cómo hará oposición al gobierno de Gustavo Petro, para lo cual, dijo, si es necesario, saldrá a la calle a protestar y hasta comprará tenis nuevos para marchar.“Yo decía, un poco en mofa, que, si ganaba la izquierda, el socialismo, porque para mí es comunismo puro y duro, había que comprar los tenis para salir a caminar e irse del país. Ahora vamos a comprar tenis para protestar en lo que tengamos que protestar porque, seguramente, se vendrá todo tipo de arbitrariedades que irán en contravía de la sociedad colombiana”, dijo.A la pregunta de si ella será la “Petro en el gobierno de Petro”, Cabal indicó que no la pueden equiparar al líder de izquierda, ganador de las elecciones del pasado domingo, pues ella sí reconocerá lo que esté bien.“No quiero parecerme a Petro en absolutamente nada. No tengo el pasado de Petro. Obviamente, sí tengo aspiraciones políticas, pero no sería un Petro. Yo no disfrazo realidades, no tengo la capacidad de construir escenarios paralelos. Petro todo el tiempo construye realidades paralelas, inventa, se cree las mentiras y se las divulga a su público”, puntualizó.Cabal también manifestó, respecto a la reforma tributaria, que ya anunció el equipo económico de Gustavo Petro, que los colombianos extrañarán a Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda de Duque que renunció tras las protestas del año pasado.“Difícilmente creo que lleguemos a acuerdos. Ya están anunciando el aumento del impuesto al patrimonio, ya veremos la dosificación que nos harán en todas estas reformas que se harán, sobre todo la tributaria. Creo que van a extrañar a Carrasquilla”, dijo.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana comparó los programas de gobierno de los cuatro candidatos que van punteando en las encuestas.Encontró similitudes entre los programas de Gustavo Petro y Sergio Fajardo, quienes le apuestan a los impuestos verdes y los impuestos a dueños de empresas, y alertó sobre las propuestas de IVA de Rodolfo Hernández que podrían subir el costo de varios productos si se llegan a implementar“Las propuestas no son ambiciosas si se comparan con lo que podríamos ser, que es acercarnos al promedio de América Latina o de la OCDE, no son ambiciosas en ese sentido, pero sí son ambiciosas si ponemos como punto de comparación lo que se ha hecho hasta ahora. La reforma de Solidaridad Sostenible de Carrasquilla buscaba recaudar un poco más del 2% adicional del PIB”, dijo el director del Observatorio.La más ambiciosa es la de Gustavo Petro, que busca recaudar el 5,5% del PIB, seguida por la de Rodolfo Hernández, con el 4%, la de Sergio Fajardo, con el 3%, y la de Federico Gutiérrez.La propuesta, que publicó Gutiérrez, hace alusión a una mayor gestión de la DIAN para recaudar impuestos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca la actualidad del candidato del Pacto Histórico:
En medio de la polémica por las propuestas de Gustavo Petro para reformar al sistema pensional hay una frase en particular que despertó la furia de las AFP (Administradoras de fondos de pensiones) y es que el candidato sugirió que esas entidades cobran comisiones del 30 %. Aunque la tarifa nominal de descuento es del 3 %, la alerta no está tan lejos de la realidad.Para empezar hay que tener en cuenta que el descuento por cobros administrativos del 3 % se calcula sobre el ingreso base de cotización, lo que quiere decir que equivale a más del 20 % de su aporte total, como señala el director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes.No solo eso, la OIT en su informe de 2019 calculó que el costo administrativo del sistema pensional colombiano pasó del 2.6% en 1993 (antes de la entrada en vigencia de la ley 100) a 25.9% en el año 2022, muy similar a lo que ocurrió en otros países de América Latina.“Por su puesto, un promedio entre el 25 % y el 30 % de costos administrativos influyen en el futuro pensional de las personas, reduce el capital acumulado en la cuenta de ahorro individual y básicamente determina una pensión que no es en ocasiones la ideal”, aseguró Mauricio Rodríguez, consultor pensional.¿Para dónde se va a esa plata?Ese cobro incluye la comisión a la AFP por administrar su dinero y un seguro para el riesgo de invalidez o muerte. Según Oscar Medina, que es un periodista de Bloomberg que le ha hecho seguimiento al tema, como ambas cosas están mezcladas en la regulación, pues usted siempre termina pagando lo mismo, aunque unas AFP cobren más y otras menos por comisión.Según Fasecolda, una buena razón para que ese seguro haya subido de una forma tan importante en los últimos años tiene que ver con decisiones de la justicia y en especial de la Corte Constitucional, que han permitido que la pensión se prolongue en el tiempo. Por ejemplo, una de sus últimas decisiones fue permitir que un ‘hijo de crianza’ pudiera heredar una pensión.Incluso, al gobierno actual le preocupa este tema de los costos y, de hecho, la Misión del Mercado de Capitales que convocó el exministro Alberto Carrasquilla propuso varias reformas: separar el seguro de la comisión, hacer que se pueda subastar el seguro y crear un fondo del Gobierno que responda ante ese tipo de decisiones judiciales que hoy preocupan a las aseguradoras.Siga y escuche el podcast de La Intérprete:
Aunque el Consejo de Estado ya negó dos recursos para suspender la elección de Alberto Carrasquilla en la junta directiva del Banco de la República, el alto tribunal admitió otras dos demandas que alegan que se violó la paridad de género.El Consejo de Estado negó dos solicitudes de suspensión de la elección del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como integrante de la junta directiva del Banco de la República. En esas mismas providencias, la alta corte admitió dos demandas que buscan que se declare la nulidad del acto electoral.Vea también: Para los demandantes, como el exministro reemplazó en el cargo a Carolina Soto, el presidente de la República violó la llamada ‘ley de cuotas’, que obliga a que el 30% de los cargos en entidades estatales sea ocupado por mujeres. Por lo que consideran el reemplazo de Carolina Soto, debió haber sido otra mujer.La demanda también dice que el nombramiento viola “el sistema de frenos y contrapesos, pues para él, la Constitución solo le permite al Presidente nombrar a dos de los integrantes de dedicación exclusiva de la junta. Sostuvo que el jefe del Estado ha nombrado a todos los actuales miembros”, por lo que el demandante considera que se genera una concentración excesiva de poder del Gobierno frente al Banco de la República.El Consejo de Estado negó las solicitudes de suspensión de la elección del exministro porque considera que no hay ninguna falta en la facultad del Gobierno de haber hecho el nombramiento de Carrasquilla.Respecto a la supuesta violación de la llamada ‘cuota de género’, la corporación aceptó las demandas para "determinar la manera cómo este principio debe tener cabida”, en casos como este, de funcionarios de período fijo e institucional.Escuche el Podcast Cómo Como:
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.