La Fiscalía General de la Nación descubrió un entramado financiero que, bajo la fachada de cooperativas, servía para dar apariencia de legalidad a oro extraído de manera ilícita en diferentes regiones del país.
Como resultado, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 35 bienes avaluados en más de 12.000 millones de pesos, entre los que se encuentran establecimientos de comercio, vehículos y material aurífero.
De acuerdo con las investigaciones, los nombres y registros de mineros artesanales fueron utilizados de forma fraudulenta para respaldar operaciones y justificar como legal el metal obtenido.
El oro era luego comercializado en municipios de Antioquia, Caldas, Chocó y Bolívar.
El mecanismo se estructuró a través de cooperativas que, pese a contar con un capital inicial de 17 millones de pesos y otra con 100 millones, reportaron ingresos que superaron los 5.834 millones y 3.274 millones, respectivamente.
Los análisis financieros demostraron que ese crecimiento no tenía soporte contable ni operativo, y que ambas entidades compartían sedes, revisores fiscales y directivos. Estos elementos confirmaron que funcionaban como un esquema criminal diseñado para el blanqueo de activos.
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La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio aplicó medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes adquiridos para fortalecer la actividad ilícita.