Fiscalía radica principio de oportunidad de Day Vásquez para testificar contra Nicolás Petro

La Fiscalía General de la Nación radicó ante los jueces de Barranquilla el principio de oportunidad que le da dos años de inmunidad penal a Daysuris Vásquez a cambio de convertirse en testigo contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en delitos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Daysuris Vásquez, con este principio de oportunidad, tiene dos años para cumplir con todos los compromisos y le otorga inmunidad total. Dicho principio contempla cuatro delitos y compromete a Vásquez como testigo contra Nicolás Petro Burgos y otras personas.Según explicó la Fiscalía, "el principio de oportunidad radicado este miércoles le daría a Daysuris Vásquez inmunidad total para que el ejercicio de la acción penal se suspenda por un lapso de dos años respecto a los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, también por las conductas de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, ambas conductas en calidad de interviniente."Además, la firma de este principio de oportunidad se dio gracias a que la información brindada por Vasquez posibilitó que el delito de lavado de activos dejara de ejecutarse.Precisamente, en el marco de este caso, el pasado 29 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia decidió que el juicio contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito se llevará a cabo en el Juzgado 2 Penal Especializado de Barranquilla. El alto tribunal desestimó la solicitud de los abogados del hijo del presidente Gustavo Petro que pedían que el juicio se adelantara en Bogotá.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró que la competencia para conocer la etapa de juzgamiento del proceso penal que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.La decisión de la definición de esta competencia fue adoptada de manera unánime, porque para todos los magistrados fue claro que, aunque los hechos habrían ocurrido tanto en Bogotá como en Barranquilla, la mayoría de presuntos ilícitos y los más graves (lavado de activos) habrían ocurrido en Barranquilla.