Fiscalía y SIC ponen la lupa a empresas textileras por insumos para tapabocas

Un equipo de la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio les puso la lupa a varias empresas textileras del país que venden insumos (telas) para fabricar tapabocas.Las autoridades han recibido denuncias de acaparamiento y especulación que, en otros términos, significa que esas empresas estarían concentrando las telas -consideradas de primera necesidad por la pandemia- en unas pocas empresas y que, además, las estarían vendiendo a precios superiores a los fijados por autoridad competente. Por ahora, la Superindustria requirió información a 9 empresas productoras e importadoras de textiles en Antioquia por presunto acaparamiento de telas elaborar elementos quirúrgicos, como tapabocas. Se trata de las empresas Textecol, Proquinal, Plasdival, Textiles Lafayette, Hilos y Suministros, Fabricato, Era Textil, CJ Textiles y Ambitex que, al finalizar el mes, deberán informar sobre inventarios y facturación.“Hemos requerido a nueve empresas textileras respecto de que ellas son las que producen la materia prima para los tapabocas. Hemos requerido a varios de los actores del mercado que producen los tapabocas N95 que son los de tráfico pesado o que permite la protección a profesionales de salud y hemos adelantado no menos de 40 visitas a nivel nacional y en el Distrito Capital verificando todo aquello que pueda afectar al consumido”, dijo el superintendente Andrés Barreto.“Esta actuación se realiza con el fin de verificar si dichas empresas, proveedoras de material para la elaboración de tapabocas (tela no tejida de polipropileno y poliéster, pellón de grosor medio -F800, A500 o #87- con filtro de poliuretano), habrían generado alguna distorsión de la competencia con sus conductas”, dijeron, de otro lado, investigadores de la entidad.Vea aquí: Investigación penal por compra de tapabocas N95 a $ 45.400 en el EjércitoFinalmente, explicaron fuentes de la investigación que “de encontrarse mérito para abrir investigación, la autoridad de competencia iniciaría una actuación que podría derivar en la imposición de sanciones que alcanzarían hasta los 87.000 millones de pesos”.La Fiscalía, por su parte, se encuentra indagando los hechos para determinar si realmente los responsables penales de las empresas cometieron delitos como acaparamiento o especulación que darían penas de 4 a 10 años.Finalmente, el superintendente dijo en debate en el Congreso que, hasta tanto el Gobierno Nacional no fije o regule precios en tres productos sugeridos por la entidad, no se puede actuar más contundentemente. Sin embargo, explicó que han abierto 100 investigaciones en el marco de la pandemia.