General Pinto, que pidió retiro tras atentados en Cúcuta, está salpicado por falsos positivos: HRW

En la tarde de este lunes 26 de julio se conoció que el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo pidió su retiro voluntario del Ejército tras los atentados en Cúcuta. Recordemos que el alto oficial estuvo a cargo de la Segunda División del Ejército, a la que pertenece la Brigada 30 en Cúcuta y la vigilancia y seguridad en Norte de Santander.

Human Rights Watch, a través de su director José Miguel Vivanco, recordó que el oficial ha sido mencionado en varios procesos en los que se investigan asesinatos en persona protegida o falsos positivos.

En un informe la ONG internacional referenció los casos que son investigados y en los que se menciona al alto oficial.

“Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales tienen investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007, según documentos de la Fiscalía. Por ejemplo, en 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC”, señala el informe.

Human Rights Watch, además, cuestionó el paso del oficial en Huila.

“El general Pinto Lizarazo también estuvo al mando del batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y septiembre de 2009. Los fiscales han abierto investigaciones sobre 18 ejecuciones supuestamente cometidas por soldados del batallón en 2008, según documentos de la Fiscalía. El 18 de enero de 2008, soldados del batallón Magdalena mataron al campesino Ever Urquina Rojas, en el municipio de San Agustín, e informaron que se trataba de un enemigo “NN” muerto en combate. El sargento William Andrés Vargas Capera confesó y se declaró culpable por este hecho. En el preacuerdo con la Fiscalía, manifestó haber escondido deliberadamente el documento de identidad y la ropa de la víctima. Según un documento al que tuvo acceso Human Rights Watch, Pinto Lizarazo certificó un pago de 1.500.000 pesos colombianos (USD 770) a un informante que, supuestamente, proporcionó la información que posibilitó la operación en la cual fue asesinado Urquina Rojas. No obstante, los fiscales concluyeron que el presunto informante no “ofreció” ninguna información “con relación al occiso Ever Urquina Rojas”.

La ONG aseguró que no existen avances en unas indagaciones por las ejecuciones extrajudiciales de uniformados que estuvieron bajo su cargo.

“El 11 de diciembre de 2015, la Fiscalía interrogó al general Pinto Lizarazo sobre su presunta participación en falsos positivos mientras fue comandante del batallón Magdalena. En el derecho procesal penal colombiano, estos interrogatorios son uno de los primeros pasos del proceso penal. Aunque el caso contra el general Pinto Lizarazo sigue abierto, no hubo avances desde diciembre de 2015, según dijo a Human Rights Watch un abogado que representa a víctimas del caso”, según HWR.